doi:10.5477/cis/reis.193.71-88
Imaginarios sociales y transición ecológica:
el Plan España 2050
Social Imaginaries and Ecological Transition: Spain 2050
Daniel Lara de la Fuente y Manuel Arias Maldonado
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Palabras clave Decrecimiento
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Resumen Si la sostenibilidad medioambiental juega un papel creciente en la agenda política de la Unión Europea, el plan España 2050, publicado en el año 2021, fijó las bases discursivas de la España sostenible. Este artículo elucida cuál es ese ideal. Para ello, recurrimos al análisis del discurso: rastreamos la presencia en el texto de las categorías, conceptos y metáforas que componen un relato acerca de las causas y las soluciones de los problemas de sostenibilidad. Los resultados sugieren una visión ecléctica de la sostenibilidad. El documento es favorable al ideal discursivo reformista, si bien establece pautas de restricción de la actividad humana correspondientes a discursos medioambientales survivalistas y decrecentistas. En términos prácticos, este eclecticismo discursivo supone una concepción pluralista de la sostenibilidad. |
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Key words Degrowth
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Abstract Environmental sustainability plays an increasingly important role in the European Union’s political agenda. Spain 2050, a document published by the Spanish government in 2021, laid the discursive foundations for a sustainable Spain. This article seeks to elucidate what this ideal entails. We draw on discourse analysis to identify the categories, concepts and metaphors that construct a narrative about the causes of and solutions to sustainability issues within the text. The results suggest an eclectic view of sustainability. The document supports a reformist discursive ideal, while also setting out guidelines for limiting human activity that reflect survivalist and degrowth-oriented environmental discourses. In practical terms, this eclectic discourse involves a pluralist conception of sustainability. |
Cómo citar
Lara de la Fuente, Daniel; Arias Maldonado, Manuel (2026). «Imaginarios sociales y transición ecológica: el Plan España 2050». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 193: 71-88. (doi: 10.5477/cis/reis.193.71-88)
La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es
Daniel Lara de la Fuente: Virginia Tech | dalara@vt.edu
Manuel Arias Maldonado: Universidad de Málaga | marias@uma.es
En la primavera del año 2021 se presentó públicamente España 2050, un documento elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (en adelante, ONPE) con el propósito de poner al servicio de la sociedad española «un diagnóstico riguroso y holístico sobre los desafíos que va a enfrentar España» (La Moncloa, 2021). Esta agencia pública se creó un año antes para engrosar las filas de la denominada Red de Prospectiva Europea (EU-wide Foresight Network), encaminada, tras la irrupción de la pandemia de COVID-19, a crear mecanismos políticos de anticipación a desafíos de gran escala temporal y potencial transformador entre los países de la Unión Europea. Formada por la Comisión Europea en colaboración con los Gobiernos de los países miembros, la red ha publicado desde entonces informes estratégicos anuales en los que se analizan los grandes desafíos de las próximas décadas y sus posibles abordajes. En el ámbito europeo, esta agencia pública tiene dos precedentes nacionales: la Comisión del Futuro finlandesa, inaugurada en 1993 (Gobierno de Finlandia, s. f.), y el programa británico Foresight, que data de 1994 (Georghiou, 1996).
Pese al revuelo mediático causado por la presentación del informe España 2050, la presencia en la esfera pública española del organismo encargado de su redacción ha decaído desde entonces: creado como una subsecretaría dependiente de la Presidencia del Gobierno en enero de 2020 y tras haberle asignado funciones de asesoramiento ministerial en materia de elaboración de políticas públicas, fue degradado en noviembre de 2023 a la categoría de dirección general alojada en la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Energética.
A falta de conocer el futuro desempeño de la oficina, el documento España 2050 constituye hasta el momento su aportación más relevante. No hay evidencia de que sus conclusiones hayan influido sobre la orientación de los sucesivos Gobiernos dirigidos por el líder socialista. No obstante, su contenido merece consideración: el estudio fue elaborado con la ayuda de cien expertos de distintos campos disciplinares con la finalidad de comprender los desafíos y oportunidades que afrontará nuestro país en las décadas venideras, lo que a su vez habría de permitir generar —leemos— una estrategia nacional de largo plazo a partir de «un diálogo multi-actor». El resultado del informe solo es uno de los muchos posibles; la selección de expertos y la filiación política del Gobierno que encarga su elaboración permiten suponer que otros expertos y otro Gobierno habrían dado lugar a un ejercicio de prospectiva bien diferente. Es probable que los desafíos y oportunidades sometidos a evaluación, sin embargo, hubiesen variado poco: la productividad, la educación, el envejecimiento, el cambio climático o la desigualdad son elecciones poco discutibles.
Este artículo se propone analizar los presupuestos implícitos en la parte del documento que se dedica al desafío climático y medioambiental. En particular, se identifican los imaginarios sociales que informan sus distintas propuestas estratégicas a través del análisis de discurso. La premisa base es que no es posible aislar entre sí el conjunto de discursos, relatos o imaginarios acerca de las relaciones socionaturales sostenibles y deseables, así como de los medios que deben emplearse para lograrla. Por imaginarios se entienden las visiones ideales de la sociedad deseable, llamados a influir en las percepciones públicas y a orientar la acción en el mundo real de los actores —individuales o colectivos— que se adhieren a ellos. El rasgo definitivo de los imaginarios es que adoptan una forma utópica. En este caso, la «futuridad» inherente a la sostenibilidad, tradicionalmente presentada como un estado ideal de las relaciones entre sociedad y naturaleza susceptible de alcanzarse en un porvenir indefinido, alimenta la especulación acerca del aspecto que tendría esa «sociedad sostenible» finalmente alcanzada. Atender a la parte dedicada a la sostenibilidad del informe es relevante, por cuanto las políticas de transición ecológica hacen sinergia con otras áreas que aquel considera, asimismo, fundamentales. Podemos destacar el objetivo expreso de adoptar un nuevo modelo de crecimiento económico más productivo y eficiente en el empleo de recursos y en impactos medioambientales por actividad económica; la readaptación del mercado de trabajo español a las nuevas realidades tecnológicas que el modelo requiere generar, o el mantenimiento de una política territorial sostenible y equitativa que equilibre los impactos sociales, ecológicos y económicos de los procesos de urbanización en curso.
El artículo se organiza de la siguiente manera. La próxima sección está dedicada a contextualizar la noción de imaginario ecológico en el marco de la prospectiva estratégica. En la sección tercera, se expone la metodología aplicada y se definen tanto las técnicas de investigación empleadas como los discursos que encarnan distintos imaginarios ecológicos. En la sección cuarta, se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, se extraen las conclusiones del análisis y se indican posibles vías para futuras investigaciones.
Imaginarios sociales
y prospectiva estratégica
en el Antropoceno
El cambio climático y la transición energética deben ser entendidas en el marco del Antropoceno (Crutzen y Stoermer, 2000), que designa la «época humana» en la que hemos pasado a vivir una vez que la acumulación de impactos antropogénicos sobre los sistemas naturales ha terminado por afectar al funcionamiento del llamado «sistema terrestre» (véanse Ellis, 2018; Zalasiewicz, 2022). Entre esos impactos destacan los relativos a la alteración del sistema climático, causados por la concentración masiva en la atmósfera de gases de efecto invernadero —CO2, metano y óxido nitroso, principalmente— desde el inicio de la industrialización (véase Maslin, 2021: 1-18). Pero son igualmente significativos otros fenómenos de origen antropogénico, tales como la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la multiplicación de residuos, la urbanización creciente, la creación de infraestructuras masivas, el empleo de fertilizantes y demás facilitadores artificiales de la producción alimentaria o las alteraciones en el ciclo hídrico (véase Steffen et al., 2015).
De este conjunto de alteraciones se deriva un imperativo de acción, ya que no se trata de elegir si viviremos o no en el Antropoceno, sino de influir sobre el tipo de Antropoceno en el que viviremos; más que bueno o malo, el Antropoceno sería ya «ineludible» (Dryzek y Pickering, 2019). Ello no indica por sí mismo qué haya de hacerse en particular; esta cuestión está abierta a la discusión técnica, el debate moral y la controversia política. Por ello, tiene sentido hablar de imaginarios sociales concretos: relatos o discursos de carácter aspiracional que fijan un horizonte ideal a partir de un conjunto de presupuestos normativos y señalan los medios a través de los cuales habría de llevarse a cabo el proceso de transformación así propuesto.
En las democracias liberales, la denominada prospectiva estratégica refleja los imaginarios que permean la esfera pública. La prospectiva estratégica ha sido definida como un ámbito de las políticas públicas de medio y largo plazo orientado a informar la toma de decisiones mediante procesos estructurados, inclusivos, sistemáticos y participativos de inteligencia colectiva (Comisión Europea, s. f.b). Estos procesos aportan valor en cinco ámbitos (Störmer et al., 2020: 132): 1) crean capacidades de gobernanza anticipatoria para afrontar desafíos de medio y largo plazo; 2) hacen conscientes a los decisores o decisoras políticas de la relevancia de estos desafíos, para que puedan tomar las medidas más ajustadas a la escala y la forma del desafío concreto; 3) evidencian la necesidad de actuar para resolver estos problemas, cuyos efectos acumulativos y su repercusión futura no son intuitiva e inmediatamente perceptibles; y 4) promocionan políticas públicas basadas en la evidencia al vincularse a expertos y decisores.
En cuanto a los instrumentos empleados, destacan a) el análisis de megatendencias, entendidas como macroprocesos de largo alcance temporal y transformador; b) la planificación de escenarios posibles mediante entrevistas a expertos y el empleo de modelos matemáticos; c) el escaneo de horizontes, que identifica procesos de cambio en sus etapas tempranas; y d) el visionado de futuros deseables (Comisión Europea, s. f.a). Las problemáticas socioecológicas derivadas del Antropoceno engloban estos ámbitos. Por ejemplo, la Comisión Europea (2024) identifica el cambio climático como una megatendencia. Asimismo, desarrollar políticas efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático requiere partir de un conocimiento cualificado del fenómeno y de que los decisores sean conscientes de la dimensión del problema con el objetivo de anticiparse o aminorar sus efectos como, por ejemplo, las sequías o la intensificación de las danas en el Levante español.
A partir de la función de «visionado» realizada por la prospectiva estratégica, el artículo asume una hipótesis central: la España sostenible del documento España 2050 proyecta un futuro deseable en el que predomina el imaginario reformista de la modernización ecológica. No obstante, ello es compatible con una presencia notable del survivalismo y del racionalismo económico, así como, en menor medida, del decrecimiento. En coherencia con el enmarcado habitual y con el rumbo actual de las políticas medioambientales europeas, se destierra la defensa de tecnologías disruptivas que son centrales al imaginario ecomodernista. La razón principal para esgrimir esta hipótesis es el rumbo establecido por las políticas medioambientales europeas, caracterizadas por fuertes regulaciones a tecnologías controvertidas como la energía nuclear o la ingeniería genética con fines agrarios, mientras que, al tiempo, se apuesta por un modelo de crecimiento verde basado en energías renovables y en la reducción progresiva del uso de pesticidas con objeto de promover una agricultura más orgánica. De ahí origina, por ejemplo, la voluntad por parte del Gobierno español de eliminar la energía nuclear del mix energético. Para comprobar esta hipótesis hay que definir previamente estos imaginarios, así como la metodología y el enfoque del artículo.
Para desarrollar la investigación, se ha recurrido al análisis del discurso medioambiental (véanse Dryzek, 2022; Hajer, 1995) y al análisis cualitativo de contenido (véase Schreier, 2012). El empleo de ambas técnicas se ha considerado complementario por su idoneidad para superar dos fases diferenciadas del proceso de investigación. Se ha recurrido al análisis de discurso medioambiental para sentar las bases del proceso de operacionalización, de manera que los imaginarios asociados a la sostenibilidad puedan ser identificados y definidos y, de esta manera, orientar el análisis. Sobre esta base conceptual, el análisis cualitativo de contenido nos ha permitido 1) establecer un marco de codificación, compuesto por lo que Schreier (2012: 5) denomina dimensiones o categorías centrales y sus correspondes subcategorías, así como 2) diseñar y ejecutar una estrategia de segmentación de la información en relación con ellas, en complementariedad con el análisis del discurso.
Análisis del discurso medioambiental
Los imaginarios del Antropoceno pueden interpretarse como discursos inteligibles que contienden entre sí en la esfera pública. Por discurso se entiende un conjunto de regularidades lingüísticas compuestas por categorías, conceptos y recursos retóricos que imprimen significado a un fenómeno (Hajer y Versteeg, 2005: 175). El análisis del discurso detecta regularidades e interpreta el significado y la influencia de categorías, conceptos y recursos lingüísticos en contextos específicos. En este caso, el contexto sería la política prospectiva del Gobierno español; el fenómeno, la transición ecológica, con especial énfasis en su componente climático y energético.
El análisis del discurso tiene un largo predicamento en el estudio de políticas y procesos políticos medioambientales en el ámbito anglosajón. Entre sus virtudes (véase Hajer y Versteeg, 2005: 175-180), es necesario destacar una de especial relevancia para los fines de este artículo: permite desentrañar el poder que tienen los discursos a la hora de establecer qué puede ser «pensado» en una situación concreta. Y ello porque los discursos dan cuenta de la realidad a partir de un sistema categorial concreto, lo que acota los límites de la realidad representada (Dryzek, 2022: 9). Por último, este análisis puede mostrar las asunciones implícitas de los distintos discursos.
El enfoque de análisis se compone de tres elementos. El primero es la concepción de los discursos como «historias» (Hajer, 2006: 69) dotadas de introducción, nudo y desenlace. En este caso, la introducción narra cómo y por qué hemos llegado a la España insostenible. El nudo, o tránsito hacia la España sostenible de 2050, narra cómo ha de alcanzarse este estadio final. El desenlace marca el horizonte aspiracional: la España sostenible de 2050. La presentación de resultados se realizará a través de este esquema narrativo. El segundo elemento es el «enfoque argumentativo» (Hajer, 1995: 52-58), según el cual los discursos tienen una presencia desigual y, por tanto, se organizan de manera jerárquica según su grado de presencia en cada caso. En el caso que nos ocupa, esta coexistencia refleja una disputa por el protagonismo de la agenda prospectiva del Gobierno, de ahí que el documento España 2050 no ofrezca un relato plenamente coherente sobre las causas y soluciones de los problemas medioambientales; más bien, muestra un solapamiento de categorías, conceptos y recursos mutuamente contrapuestos. El tercer elemento son las «coaliciones discursivas» (véase Hajer, 1995: 58; 2006: 70), que resaltan la coincidencia de actores diversos alrededor de una serie de significados. En este sentido, el documento España 2050 no solo es el reflejo de la disputa de distintas prácticas discursivas, sino también sus posibles convergencias1. Por ello, los imaginarios pueden agruparse en dos coaliciones discursivas (véase tabla 1), de acuerdo con el marco de análisis creado por John Dryzek (2022): reformismo y radicalismo medioambiental. Dentro de cada bloque, a su vez, habría que distinguir entre un enfoque «prosaico», que acepta las reglas del juego político existente, y otro «imaginativo», que propone reglas nuevas.
Tabla 1. Discursos sobre la transición ecológica
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Reformismo |
Radicalismo |
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Prosaico |
Racionalismo económico |
Survivalismo |
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Imaginativo |
Modernización ecológica, ecomodernismo |
Decrecimiento |
Fuente: Dryzek, 2022.
Dicho esto, se procede a definir cada discurso medioambiental identificado:
1. Decrecimiento. En origen fue una crítica normativa y empírica del crecimiento económico tal como se practica en las sociedades capitalistas; hoy es también la propuesta de una reorientación cultural que debe conducir a una sociedad radicalmente distinta de la actual. Se propone así una reducción equitativa y sostenible de la producción social, lo que quiere decir de la cantidad de materiales y de energía que son extraídos, procesados, transportados, distribuidos, consumidos y desechados por las comunidades humanas (Kallis, 2011: 874). Para lograrlo, se hace necesario reducir el tamaño de las sociedades y de sus economías; la producción, el comercio, el consumo y el transporte deben aminorarse de manera considerable. Resultará de ahí una vida más local y menos móvil, aunque también más igualitaria y sostenible, sin dejar por ello de ser democrática (véase Jackson, 2009). Será en una sociedad que renuncia al crecimiento donde se produzca la verdadera emancipación de un ser humano cuya «verdadera» naturaleza reside en un consumo suficiente (Princen, 2005: 140). En la medida en que formula una respuesta distinta a la pregunta sobre lo que significa vivir bien, el decrecimiento podría operar como «un imaginario social que oriente el nuevo pensamiento político para el Antropoceno» (Reichel y Perey, 2018: 246-247).
2. Survivalismo. El survivalismo data de los años setenta y ochenta (véase Geus, 1999). Su relevancia en la esfera pública surge tras la publicación del informe al Club de Roma de 1972 titulado Los límites del crecimiento (véase Meadows, Meadows y Randers, 1972) y se actualiza tras la popularización del concepto de «límites planetarios» (Röckstrom et al., 2009). La diferencia entre ambos marcos reside en su énfasis en distintas vertientes de la crisis ecológica (Dryzek, 2022: 43). Mientras el informe enfatizaba la escasez y el futurible agotamiento de recursos, la noción de límites planetarios delimita un espacio ecológico seguro medido en impactos medioambientales. Este espacio tiene dos límites denominados «centrales», que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (Steffen et al., 2015: 736), de los cuales se derivan otros siete: alteración de los ciclos del fósforo y nitrógeno, acidificación de los océanos, introducción de plásticos en los sistemas naturales, agotamiento del ozono atmosférico, cambios en los usos del suelo y uso de agua dulce (véase Steffen et al., 2015). El survivalismo proyecta un horizonte ecológicamente disruptivo alcanzado mediante una política de élites, por ejemplo, a través de la gobernanza del sistema terrestre (véase Biermann, 2014), para garantizar una habitabilidad planetaria de mínimos. A ambos marcos se une el de la «huella ecológica» (Rees y Wackernagel, 1996), propuesto y popularizado durante la década de los noventa del siglo pasado, que aún tiene cierto predicamento en la asesoría de políticas medioambientales.
3. Ecomodernismo. Nacido oficialmente con la publicación de un manifiesto en 2015 (véase Asafu-Adjaye et al., 2015), el ecomodernismo es una doctrina cuyo imaginario, denominado «buen Antropoceno», consiste en adaptar creativamente las sociedades contemporáneas a las nuevas condiciones medioambientales globales, sin renunciar a los logros de la modernidad occidental. De este modo, la sostenibilidad puede y debe combinarse con liberalismo político, innovación tecnológica y crecimiento económico. Sin embargo, el ecomodernismo es transformador debido a su apuesta por tecnologías controvertidas en las sociedades occidentales: energía nuclear o ingeniería genética, entre otros. Esta apuesta otorga al Estado un rol activo en la búsqueda de aquellas innovaciones —tecnológicas, legales, políticas— necesarias para alcanzar el citado «buen Antropoceno» (véase Symons, 2019). Su alcance es global: el ecomodernismo aspira a una convergencia económica global en la que la humanidad pueda disfrutar de los frutos de la modernidad (Karlsson, 2018: 80) mediante una provisión abundante y eficiente de energía limpia que contribuiría a la erradicación de la pobreza y aumentaría la productividad, hecho que facilitaría un proceso global de urbanización e industrialización (Bazilian y Pielke, 2013). Frente a la idea de que el Antropoceno disminuye de manera inevitable las posibilidades humanas, por lo tanto, el ecomodernismo afirma la capacidad del ser humano para sortear los límites ecológicos de forma imaginativa.
4. Modernización ecológica. Este discurso es la respuesta «sistémica» que dan las democracias liberales cuando se ven confrontadas con el reto de la sostenibilidad en la década de los ochenta. Frente al survivalismo, los modernistas oponen la posibilidad de la reforma ecológica de la sociedad liberal (véase Simonis, 1987). Como en el ecomodernismo, se asume que el progreso humano a través de la historia ha sido real y sigue siendo posible si aplicamos medidas racionales para la reforma ecológica (véase Mol, Sonnenfeld y Spaargaren, 2009). La innovación necesaria para alcanzar ese objetivo sería producida por científicos, empresas y mercados y estaría regulada por Gobiernos. A otros actores de la sociedad civil les correspondería la tarea de crear una nueva cultura política, nuevas pautas de consumo y nuevos estilos de vida coherentes con la búsqueda de la sostenibilidad. La implementación de las tecnologías, no obstante, se atendría al principio precautorio (véanse Hajer, 1995; Toke, 2011). Tanto la prevención como la regulación llamada a hacerla efectiva conforman un estándar reformista cuya fijación es idealmente el resultado de un consenso entre Gobiernos, empresas, movimientos sociales o cívicos y la comunidad científica (Dryzek, 2022: 176). Frente a la apuesta ecomodernista por el Estado, la modernización ecológica da protagonismo a los emprendedores privados y a la Administración pública descentralizada (véanse Murphy, 2000; Jänicke, 1990).
5. Racionalismo económico. Este discurso es sostenido por quienes defienden la capacidad de los mercados para alcanzar objetivos públicos (véase Dryzek, 2022: 125 y ss.). La gestión medioambiental pública es vista con suspicacia, salvo en lo referido al diseño y establecimiento de mercados allí donde sea necesario para la sostenibilidad. Entre las herramientas de que dispone el racionalismo económico, se cuentan la privatización de bienes públicos, por ejemplo, que otorga derechos privados de propiedad sobre recursos naturales (tierra, agua) con la intención de que sus titulares hagan un empleo más eficiente de los mismos; la creación de incentivos a través de una fiscalidad verde destinada a modificar el comportamiento de empresas o consumidores, o la creación de mercados que encarecen el precio de las externalidades y, con ello, promueven la innovación tecnológica (ahí está el mercado europeo de CO2, que permite la compraventa de cuotas de combustibles fósiles). El racionalismo económico tiene un ethos antropocéntrico, ya que no se contempla, en principio, otorgar una especial protección al mundo natural. No obstante, tiene una cualidad instrumental que habría de permitir su empleo en un marco social donde esa protección fuera una prioridad, pues el empleo de las herramientas del racionalismo económico —incentivos, tributos, mercados— puede prima facie restringirse a los objetivos cuya consecución se persigue en contextos específicos.
Análisis cualitativo de contenido
El análisis del discurso se inscribe en un proceso secuencial de análisis cualitativo de contenido (véase Schreier, 2012) que registra las siguientes fases. Primero, se han formulado dos preguntas básicas de investigación: ¿Qué visiones sobre la sociedad sostenible prevalecen en la política prospectiva del Gobierno de España? ¿Cuáles son sus significados? En segundo lugar, se ha seleccionado el material juzgado como más relevante para responder a estas preguntas a modo de estudio de caso: el capítulo del informe España 2050 dedicado a la transición ecológica, en el que la visión prospectiva de la España sostenible aparece de manera clara, explícita y sintética. Tercero, se ha establecido un marco jerárquico de codificación (véase figura 1) para ordenar y analizar la información del material por medio de estrategias inductivas y deductivas. La estrategia inductiva se ha empleado durante un primer análisis de la información. Este análisis preliminar ha servido para detectar su correspondencia con unos discursos analizados en la literatura previa. Seguidamente, un análisis más detenido de esta literatura ha permitido definir de manera precisa estos discursos. A su vez, estos han sido operacionalizados como categorías con vistas a examinar —y, por tanto, se ha procedido de forma deductiva— el material relacionado con estas categorías, esta vez de modo sistemático.
En cuarto término, se ha asignado una serie de indicadores o subcategorías que permiten identificar cada discurso o categoría durante el proceso de análisis e interpretación y, de este modo, ordenar la información. Después, se ha procedido a analizar la información y se ha comprobado la correspondencia del material de análisis con las subcategorías propuestas tras establecerse un procedimiento manual de segmentación de la información en relación con estas subcategorías seleccionadas y sus correspondientes categorías o dimensiones. Puesto que el material no es abundante, se ha considerado que el procedimiento manual aporta una mayor profundidad y flexibilidad al análisis respecto al empleo de softwares, sin restar eficiencia temporal y laboral al proceso de investigación. De este modo, se ha priorizado la interpretación de la relevancia semántica de las categorías seleccionadas frente a la cuantificación de términos o expresiones. La segmentación ha seguido un criterio temático, correspondiente a la división del relato de la España sostenible siguiendo la estructura triádica de presentación, nudo y desenlace. Debido a las necesidades asociadas a los objetivos de investigación, la unidad de codificación ha sido variable y ha ido de la frase al párrafo. En sexto lugar, se ha interpretado la información analizada y previamente codificada para comprobar qué categorías son semánticamente preponderantes en el material analizado; esto es, para comprobar qué visiones o discursos sobre la España sostenible influyen de manera más decisiva sobre la visión prospectiva del Gobierno de la nación.
Durante el proceso de investigación se han detectado y afrontado los siguientes problemas. El primero se refiere a la selección de la unidad de análisis. Se consideró inicialmente como tal la palabra, cuya pertenencia a una subcategoría podría desentrañarse en relación con unidades de contexto. Ejemplo de esto podía ser el término «I+D», que caracteriza tanto al ecomodernismo como a la modernización ecológica y que puede ir acompañado de distintos tipos de tecnologías, ya sean precautorias o no. Para restar complejidad al proceso de segmentación, se optó por generar subcategorías que permitieran establecer unidades de análisis más amplias. Esta problemática respecto a la subcategoría «I+D» remite a otra complementaria: la dificultad de cumplir con el requisito metodológico de exclusividad mutua de las unidades de análisis, según el cual las subcategorías solo pueden corresponder a una sola dimensión (véase Schreier, 2012: 75). De este modo, para preservar la validez del análisis, se han establecido dos subcategorías diferenciadas: «I+D público en energía nuclear y transgénicos» e «I+D público/privado en energías renovables y coches eléctricos». Este criterio de exclusividad mutua, no obstante, no ha podido cumplirse respecto a la subcategoría de «desvinculamiento». La razón es que se trata de un concepto esencial para el ecomodernismo y para la modernización ecológica. Sin embargo, gracias a sus posibles asociaciones con las dos subcategorías previamente mencionadas, esta excepción no compromete el análisis. De esta forma, puede darse el desvinculamiento entre impactos medioambientales y uso de recursos respecto al crecimiento económico mediante energía nuclear y transgénicos (propio de la categoría «ecomodernismo») o bien al emplearse energías renovables y coches eléctricos (propios de la categoría «modernización ecológica»).
Un tercer problema conceptual podría ser que el lector o lectora interpretase que las subcategorías establecidas saturasen la batería de significados teóricos asociados a cada discurso medioambiental o categoría en todo caso y escenario. Por ejemplo, el decrecimiento no solo enfatiza que es necesario consumir menos y desescalar nuestras economías para ser sostenibles, sino que ha de hacerse de diferente manera (esto es, instaurándose una nueva forma de propiedad colectiva que sustituya a la privada). Dado que esta premisa no se ha incluido como subcategoría debido a su irrelevancia dentro del material analizado, no se debe interpretar que las subcategorías asignadas para el análisis agotan los rasgos teóricos de las categorías incluidas.
Resultados: la historia de la España sostenible de 2050
El análisis confirma la hipótesis planteada: el discurso de la modernización ecológica es hegemónico en el ideal de transición ecológica del documento prospectivo. Si bien el rol de ese discurso es secundario respecto al survivalismo en la definición del problema, la modernización ecológica adopta un papel protagonista tanto en el nudo como en el desenlace de la historia. A este horizonte reformista, basado en una introducción de innovaciones tecnológicas guiada por el principio de precaución y en la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas en el terreno económico y medioambiental —gracias a la colaboración concertada entre actores públicos y privados—, se le añaden elementos de racionalismo económico. El decrecimiento tendría una presencia reseñable, si bien menor y subsidiaria, respecto a los medios para la realización de la sostenibilidad. El ecomodernismo solo estaría presente como una leve reminiscencia.
Definición del problema: traspaso de los límites y falta de eficiencia
La humanidad ya ha rebasado varios de los límites biofísicos del planeta y, si se mantiene en el curso actual, acabará provocando una catástrofe medioambiental sin precedentes (ONPE, 2021: 190).
Esta declaración enmarca cómo y por qué se han producido los problemas que han de ser resueltos durante la transición ecológica (véase figura 2). Este marco está dominado por el discurso survivalista, según el cual la sociedad española se encuentra en fase de exceso de sus límites ecológicos tras haber experimentado un crecimiento económico y demográfico sin precedentes durante los últimos setenta años. La noción de exceso (overshoot en inglés) inauguró el marco survivalista en 1972, tras el informe sobre los límites del crecimiento. A su vez, este discurso se ha ramificado en dos grandes marcos: la huella ecológica y los límites planetarios. Ambos comparten el enmarcado del problema como indeseable rebasamiento de los límites, pero aportan sus métricas propias. Sin embargo, solo el concepto de huella ecológica ha podido operacionalizarse a escala nacional. Esto se hace palpable en el documento España 2050, en cuanto el rebasamiento de la huella ecológica es el presupuesto central que sostiene el diagnóstico del problema. Como allí se afirma: «Si toda la humanidad consumiese como la sociedad española, harían falta dos planetas y medio para satisfacer sus necesidades» (ONPE, 2021: 172). Si este hecho se ignora, el desenlace es seguro: la desestabilización ecológica, entendida como catástrofe o colapso. Aunque la idea de colapso tiene un predicamento creciente dentro del survivalismo contemporáneo (véase Bardi, 2020), el documento España 2050 se limita a señalarlo como la consecuencia inevitable de mantener el actual modelo de crecimiento.
En el marco del radicalismo, existirían dos motivos por los cuales la sociedad española ha rebasado sus límites ecológicos. El primero sería una inadecuada relación con el entorno natural, que ha de ser modificada de plano. Aunque en el documento no se explica cuál es ese modo destructivo de relación entre seres humanos y naturaleza, podemos inferir que se alude al antropocentrismo irreflexivo: una concepción del entorno natural como mero provisor de bienes a los seres humanos sin merecer mayor consideración ética, ni siquiera por motivos propiamente egoístas. En buena medida, esta crítica del antropocentrismo es más explícita en el marco del decrecimiento, ya que la valoración intrínseca de la naturaleza es uno de sus presupuestos (véase Demaria et al., 2013: 196). Esto resulta aún más evidente si se repara en que, al igual que sucede con la literatura y las declaraciones de activistas decrecentistas (véanse Degrowth.info editorial team, 2020; Kallis et al., 2020), el documento señala que la pandemia del COVID-19 ha de ser punto de inflexión del proceso de transvaloración del antropocentrismo. Por otro lado, el segundo motivo es una afirmación empírica empleada usualmente por el discurso decrecentista: el «efecto rebote». Se designa con ello al hecho de que, si bien el progreso tecnológico implica que los bienes y servicios consumidos requieren de menos recursos por unidad producida, su coste económico decreciente —en relación con el de las tecnologías reemplazadas— produce un aumento de la demanda. Paradójicamente, el consumo de recursos y su impacto medioambiental aumentarían a efectos agregados, estimulados ambos por el incremento de la demanda, y el problema ecológico se agravaría porque, aunque la población española consuma bienes y servicios más eficientes, su impacto ecológico sería mayor. El marco reformista atempera las potenciales derivas colapsistas de la parte radical del documento. Prueba de ello es el contrapeso que supone el discurso ecológico modernizador, rubricado cuando el documento subraya dos elementos capitales. El primero es que España: 1) no ha sabido cambiar su modelo de crecimiento económico, basado en una industria agropecuaria y en un sistema de transportes tan obsoleto como dañino para el medio ambiente, ni
2) ha sido capaz de promover un tejido productivo más eficiente e innovador con objeto de reducir su huella ecológica. Sus sectores público y privado han invertido poco en investigación y desarrollo, lo que ha impedido desvincular la actividad económica de sus efectos medioambientales. De hecho, el concepto de desvinculación —también denominado «desacoplamiento»— es objeto de crítica en este mismo documento. En esta contradicción se comprueba la verosimilitud de una de nuestras premisas, a saber, que la política medioambiental escenifica el choque entre fuerzas discursivas disímiles e incluso antagónicas.
Por otra parte, el informe destaca que la trayectoria seguida por España en el terreno medioambiental no solo ha sido negativa, sino también positiva. De ahí que se afirme que España está en el top 15 mundial en rendimiento medioambiental, que sea el primer país en cantidad de reservas de la biosfera, que haya incrementado la eficiencia en el consumo de agua para usos urbanos o que haya promovido vanguardistas leyes y políticas de adaptación al cambio climático. La joya de la corona sería el avance de la energía fotovoltaica, considerada la energía del futuro no solo por las condiciones climáticas de nuestro país, sino también por un gran potencial concomitante: abastecer la generación de hidrógeno verde. De ahí la declaración optimista que resume el marco reformista modernizador: «nuestro país es capaz de llevar a cabo cambios significativos cuando se lo propone» (ONPE, 2021: 175).
Esta orientación reformista se ve complementada por la presencia del racionalismo económico. Se afirma así que los Gobiernos españoles han promovido indirectamente actividades económicas medioambientalmente dañinas al emplearse solo de forma tímida los incentivos fiscales y monetarios. De la misma manera, el Estado ha recaudado menos impuestos verdes que sus contrapartes en países del entorno. El ejemplo más importante sería un agua demasiado barata pese a su escasez.
El camino hacia la sostenibilidad: reemplazo tecnológico, fiscalidad y consumo
Necesitamos empezar a prosperar de forma equilibrada, satisfaciendo las necesidades de las personas dentro de los límites ambientales (ONPE, 2021: 191).
A pesar de que el survivalismo sería el juez ecológico último de las políticas medioambientales españolas, la agenda de transición ecológica está copada por el discurso reformista de la modernización ecológica. Esta se encuentra asistida por el racionalismo económico y algunos elementos decrecentistas; prueba de ello es que el objetivo de transición consiste en la construcción de una economía circular que será respetuosa de los límites ambientales gracias a un sistema robusto de incentivos económicos, a cambios en los hábitos de consumo de bienes y servicios y al desmantelamiento progresivo del sector de la construcción (véase figura 3).
La transición efectuada por medio de la modernización ecológica gira, de acuerdo con el informe España 2050, alrededor de tres grandes ejes. El primero es el reemplazo tecnológico merced a la inversión en innovación y desarrollo por parte de actores públicos y privados: el capital público y privado así invertido deberá acelerar el paso hacia la electrificación de la economía, incrementar su capacidad para reciclar el capital productivo y contribuir al desarrollo de tecnologías de almacenamiento de renovables e hidrógeno verde. Ello implica reemplazar los coches de gasolina y diésel por una nueva flota de coches eléctricos, reforzar el transporte ferroviario en sus tres modalidades de distancia (corta, media, larga), diseñar nuevas infraestructuras de abastecimiento urbano y agua potable, etc. El segundo eje consiste en aumentar la eficiencia económica y el empleo de recursos gracias a las nuevas tecnologías e industrias, pero también a mejoras incrementales de las ya existentes; mejorar la eficiencia energética de edificios, de las energías renovables y del uso del agua serían los tres ámbitos más importantes. También se destaca la mencionada «economía azul», que promueve un uso más eficiente de los recursos marinos gracias al aprovechamiento de la energía eólica offshore, el hidrógeno y la energía de olas, así como del empleo de las algas para hacer crecer una industria con demanda creciente. En tercer lugar, esta agenda habría de estar dirigida y supervisada por un sistema claramente definido de objetivos temporales en materia de reducción de uso de recursos y de descarbonización en cada sector económico. Para ello, se recurre a la imposición de estándares a empresas, de referentes a la vida útil de componentes de productos y de garantías. Por último, este camino modernizador exige la coordinación de distintas áreas de gobierno, donde destacan las políticas medioambientales y de salud pública.
Por otro lado, la modernización ecológica está llamada a beneficiarse de un nuevo sistema impositivo verde. Sus elementos serían los siguientes: la incorporación de las externalidades negativas de las emisiones de dióxido de carbono en los precios del consumo de transporte y energía; el establecimiento de esquemas impositivos en los sectores doméstico, agropecuario y de servicios; la rápida reducción de los derechos de emisión europeos, para incentivar que cada vez menos empresas puedan acogerse a ellas y descarbonicen su producción a mayor velocidad, y la fijación de impuestos al desplazamiento por carretera y aire. Respecto a estos últimos tributos, se aboga por establecer impuestos suplementarios sobre el uso del vehículo privado, para lo que se tendrán en cuenta las características individuales de cada uno de ellos (peso, potencia, emisiones). Por otro lado, se recomienda crear impuestos a viajeros frecuentes de avión, así como impuestos suplementarios a cada billete. Por último, para compensar a los perdedores de este nuevo régimen fiscal, se propone devolver parte de la recaudación resultante a los ciudadanos, así como crear fondos específicos para compensar a los sectores productivos más perjudicados por la transición.
Hay que reseñar, por último, la presencia difusa, e incluso desviada, de elementos ecomodernistas en el documento. Por un lado, el texto reivindica una mayor participación pública en los procesos de innovación tecnológica. Esta apuesta por lo público es más explícita en el discurso ecomodernista que en el sostenido por los partidarios de la modernización ecológica, ya que los proponentes de esta última atribuyen al mercado el rol protagonista en la innovación (véase Milanez y Bührs, 2007). Sin embargo, esta impronta ecomodernista se diluye cuando se repara en que las tecnologías que habrían de ser promovidas por el Gobierno español son de tipo precautorio. Tales serían las energías renovables, que, pese a ser abrazadas por los ecomodernistas, no forman parte de sus propuestas distintivas. Por otro lado, se propone en el documento la creación de corredores entre áreas ecológicas vulnerables, a fin de disminuir su vulnerabilidad en materia de conservación de biodiversidad. La creación de estos corredores ha sido enfatizada por autores dentro de la órbita ecomodernista (véanse Ellis, 2015; Marris, 2013).
La presencia del discurso decrecentista no es incompatible con los dos anteriores y puede detectarse en dos ámbitos complementarios. Uno es la restricción de dos sectores económicos: la construcción y el transporte aéreo; el otro, la promoción de la agricultura agroecológica y la reducción en el consumo de ítems clave. Sobre lo primero, se recomienda la prohibición de vuelos cuya distancia temporal en tren sea inferior a dos horas y media y se aboga de facto por desmantelar progresivamente el sector de la construcción, al asumirse que el aumento de oferta de vivienda y la edificación en general cederán el protagonismo a las actividades de rehabilitación y reacondicionamiento de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente. En cuanto a lo segundo, se aboga por priorizar la agricultura ecológica y por cambiar la moralidad de los consumidores españoles respecto a sus ideales de felicidad, cuya versión actual habría de ser reemplazada por una orientación a la suficiencia dedicada a maximizar el consumo de ropa, dispositivos electrónicos y carne. Esta nueva moralidad se inspiraría en parte por el ideal de «buen vivir» defendido por los decrecentistas (véase Demaria et al., 2013: 200).
La España de 2050: eficiente, precautoria y menos consumidora
El relato de la España de 2050 termina con un final feliz, si bien no conclusivo en lo que al deber de la sostenibilidad plena se refiere (véase figura 4). Ello es porque la estabilización ecológica más o menos definitiva sucedería a finales de este siglo, en contradicción con los objetivos acordados en el Tratado de París: según el documento que venimos analizando, el aumento de las temperaturas medias globales alcanzaría su pico por encima de los dos grados sobre la era preindustrial. Esta prognosis delata la presencia del discurso survivalista, esta vez en el plano metodológico. No en vano, la descripción de la España de 2050 se basa en la simulación de modelos matemáticos para narrar la realidad futura, en concordancia con el espíritu del informe sobre Los límites del crecimiento. Las variables analizadas son la superficie de tierras áridas o el número de personas que vivirá en zonas de escasez de recursos hídricos. Se confunden así la exposición heurística de tendencias y la predicción que adopta un aire de inevitabilidad (véase Randers, 2012).
Según el documento, la España de 2050 sería, ante todo, el fruto de la modernización ecológica por los siguientes motivos: por ser un país energéticamente abundante pero donde se adopta un enfoque precautorio, por tener una nueva estructura productiva y por tener un nuevo sistema de transportes más eficiente y limpio. Respecto al primer ámbito, la España de 2050 tendría un mix energético 100 % renovable gracias a la colaboración entre el sector público y unas empresas autóctonas punteras. Estas energías renovables estarían dominadas por la solar fotovoltaica y, en menor medida, la eólica. Además, servirían, una vez se desarrollen baterías altamente eficientes, para generar hidrógeno verde, el combustible apropiado para los sectores más difíciles de descarbonizar, entre ellos el transporte pesado de mercancías. En 2050, España estará en su mayor parte electrificada, incluyendo el uso doméstico (calefacción y cocina) y el transporte privado. De esta manera, estas nuevas industrias habrán sido capaces de generar nuevos empleos, por lo que se habrá mantenido un crecimiento sostenible del PIB.
Respecto a la estructura productiva, la economía circular será una realidad gracias a la modernización del turismo, de la industria agropecuaria y del sistema financiero. El sector turístico será sostenible por ser muy eficiente en el uso del agua. Esto último también hará más sostenible el sector agrícola gracias a la implementación de nuevos sistemas de riego y monitorización y al empleo de fertilizantes más benignos medioambientalmente. Por su parte, el sector financiero habrá insuflado el capital necesario para sostener este nuevo sistema productivo. Esto será posible porque la inversión rentable en sectores ecológicos será moneda común, incluso para pequeñas o medianas empresas. Finalmente, el sistema de transporte por carretera estará compuesto de coches eléctricos autónomos, que convivirán un tiempo con vehículos de motores de combustión interna minoritarios y más eficientes. Los aviones serán también más eficientes, tras una reconversión profunda del sector; la contraparte será el transporte marítimo, cuya descarbonización corresponderá a la España de segunda mitad del siglo xxi gracias a los biocombustibles y a la propulsión por viento e hidrógeno.
Por otro lado, la futura España será menos consumidora tras haber abrazado una nueva moralidad. Esta última se encuentra influida por el discurso decrecentista: los españoles consumirán menos carne, ropa y dispositivos electrónicos y, en consecuencia, serán más felices. Se especifica incluso que el país consumirá hasta cinco veces menos carne, ropa y dispositivos electrónicos que ahora. Con todo, la impronta decrecentista se relaciona en exclusiva con la reducción del consumo, así como con la forma en que se produce y consume. De ahí que el decrecentismo esté, asimismo, presente en la España de 2050, al preverse que el consumo será más local y repercutirá en el modo en que las industrias ofrecen sus servicios: la escala de las cadenas de valor de los productos consumidos será más simple y pequeña y las industrias electrónicas se centrarán en la reparación y el mantenimiento. Al consumirse menos ropa nueva, se creará un nuevo subsector fuerte de corte y confección personalizados. Por último, la población española será más comedida en sus desplazamientos en avión. Menos, en fin, será más.
La transición ecológica y energética supone un desafío abierto a escala global, nacional y local. Esta apertura significa que su forma, moldeada por principios normativos expresados en discursos, relatos e imaginarios sociales no están fijados de antemano; son el resultado de la disputa entre distintas visiones de la sociedad sostenible y justa. Este asunto está cobrando importancia en la agenda política europea; no en vano, la Unión Europea es la primera región del mundo que ambiciona oficialmente ser una sociedad neutra en carbono en 2050. Ejemplo de ello es la aprobación del Pacto Verde Europeo, aprobado justo antes de la eclosión de la pandemia de COVID-19: aunque su presencia explícita en la agenda política y en los medios de comunicación es secundaria, sus consecuencias están a la orden del día. Fenómenos como el encarecimiento de los precios de la energía por el estallido de la guerra en Ucrania, las revueltas de los agricultores contra la política comunitaria de transición o la acción no convencional del activismo climático han de ser leídos a la luz del malestar —por defecto o por exceso de ambición política— con las versiones nacionales del Pacto Verde o las leyes de cambio climático. Por su peso económico en la UE, España es uno de los escenarios principales de contienda en torno a cómo será la transición ecológica y energética. Por ello, analizar el camino que están tomando las instituciones gubernamentales españolas es una tarea imprescindible.
Este artículo ha contribuido a ella mediante la interpretación de los presupuestos conceptuales y normativos que guían la política prospectiva española. El documento España 2050 es la piedra de toque que guiará posteriores publicaciones. Pese a su decreciente incidencia mediática y a la degradación de la agencia encargada de redactarlo dentro de la escala jerárquica gubernamental, el documento es esclarecedor: deja ver los presupuestos conceptuales sobre los que el actual Gobierno asienta su diagnóstico sobre la insostenibilidad y dibuja el horizonte al que nos hemos de dirigir para prevenir el colapso ecológico, a la vez que identifica los medios sociales, políticos, jurídicos, económicos y tecnológicos que deben ser aplicados para evitarlo y construir una sociedad sostenible y justa. Empleando un enfoque argumentativo y de análisis cualitativo del discurso, el artículo ha identificado cuatro imaginarios sobre la transición ecológica que guían la política prospectiva española: modernización ecológica, racionalismo económico, survivalismo y decrecimiento. El ecomodernismo, quinto en discordia, sirve como espejo que refleja los presupuestos implícitos de la agenda de sostenibilidad española y europea: su presencia marginal hace sobresalir a los demás.
Los resultados ofrecidos por el análisis realizado indican que la España de 2050 estará —o estaría— más claramente imbuida del paradigma discursivo de la modernización ecológica imperante en la política medioambiental de la Unión Europea (véanse Chalaye, 2023; Machin, 2019). Así se deduce cuando nos fijamos en la España sostenible descrita en el documento y en los medios que se proponen para alcanzarla. Ese país proyectado hacia el futuro se define por una economía circular, altamente eficiente en el terreno económico y en el empleo de recursos para la producción de bienes y servicios, así como por el éxito de una transición energética basada en energías renovables bajo principios de precaución en la innovación energética. Por el contrario, las tecnologías propugnadas por el ecomodernismo —la energía nuclear de fisión o la ingeniería genética— están ausentes del documento.
De manera secundaria, la España de 2050 está guiada por principios de racionalismo económico: construir un nuevo sistema fiscal verde, que internalice las externalidades medioambientales y grave las actividades contaminantes para asemejarse a los países del entorno europeo, es otro elemento fundamental de esta España sostenible. Respecto a la influencia de discursos medioambientales denominados radicales, la presencia del survivalismo es visible en la definición del problema medioambiental; por algo se dice que España debe reducir su huella ecológica y aprender a vivir dentro de los límites planetarios tras una era de exceso ecológico. Por último, el discurso decrecentista influye en aspectos significativos de la España sostenible, como el énfasis en cambiar los patrones de consumo y la producción de bienes y servicios como la carne, los dispositivos electrónicos o la ropa. También se aprecia en declaraciones disruptivas con el statu quo, como la llamada a contraer el sector de la construcción o la prohibición de los viajes en avión de corta distancia.
Estos resultados constituyen una primera inmersión en el estudio de la inexplorada política energética y de transición ecológica española. En particular, queda pendiente el análisis de sus presupuestos normativos y conceptuales, sin los cuales no es posible entender ni los problemas identificados ni las soluciones propuestas para ellos. Como futuras líneas de investigación, pueden señalarse las siguientes. En primer lugar, al enfoque argumentativo puede añadirse el enfoque normativo a la hora de analizar las políticas de la transición ecológica. Nos referimos con ello a la segunda vertiente del análisis del discurso, enfocada a calibrar la calidad deliberativa de las políticas analizadas y que posee claras inspiraciones habermasianas (véase Leipold et al., 2019). A este respecto, el grado de exclusión de ciertos discursos en los documentos analizados puede ser síntoma de falta de calidad deliberativa de las políticas adoptadas. En segundo lugar, el enfoque discursivo puede aplicarse no solo a documentos gubernamentales, sino también a la compleja de red de actores intervinientes en procesos previos a la adopción de políticas por parte de los Gobiernos. De esta manera, se podría tener una visión de conjunto sobre la política climática y energética española mediante la identificación de coaliciones discursivas más amplias.
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1 Queda fuera del alcance de este artículo detallar qué actores forman las distintas coaliciones discursivas en torno a la transición ecológica en España. Nuestro objeto de estudio es la política prospectiva gubernamental, no los procesos que le han dado forma: las discusiones parlamentarias, la acción política de actores procedentes de la sociedad civil tales como activistas o miembros de la comunidad científica, etc. No obstante, la identificación de tales actores y su influencia en la política de transición ecológica española es un proyecto susceptible de llevarse a cabo partiendo de los hallazgos de este artículo.
Figura 1. Estructura jerárquica del marco de codificación sobre los discursos de la sostenibilidad en el informe España 2050
Fuente: Elaboración propia con datos de La Moncloa (2022).
Figura 2. Génesis de la España insostenible en el documento España 2050
Fuente: Elaboración propia con datos de La Moncloa (2022).
Figura 3. El camino hacia la España sostenible en el documento España 2050
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Moncloa (2022).
Figura 4. La España sostenible en el documento España 2050
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Moncloa (2022).
Recepción: 19/12/2024
Revisión: 28/03/2025
Aprobación: 19/05/2025