Análisis de los niveles de delincuencia
de la población adulta en España según nacionalidad (2007-2023)
Analysis of Crime Levels among the Adult Population in Spain According
to Nationality (2007-2023)
Jesús Javier Sánchez Barricarte
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Palabras clave Delincuencia
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Resumen Este estudio analiza la relación entre inmigración y delincuencia en España, con especial atención al impacto de factores demográficos, estructurales y socioeconómicos. Los resultados indican que las diferencias en las tasas brutas de delincuencia de la población adulta extranjera y autóctona se reducen en gran medida al estandarizar por edad y sexo, lo que sugiere que la distinta composición demográfica contribuye sustantivamente a la brecha observada. Asimismo, se aprecia una considerable heterogeneidad según el origen geográfico, y no se halla una asociación entre inmigración irregular y delincuencia. Factores como la pobreza, la exclusión social y el grado de urbanización se presentan como predictores consistentes. El estudio destaca la necesidad de políticas basadas en evidencia, como la regularización migratoria y la integración social, para reducir tensiones y fomentar la cohesión. Aporta evidencia empírica que cuestiona la narrativa simplista que vincula inmigración con criminalidad y subraya la importancia de políticas basadas en datos. |
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Key words Delinquency
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Abstract This study examines the relationship between immigration and crime in Spain, with particular attention to the role of demographic, structural, and socioeconomic factors. The results suggest that differences in crude crime rates between the foreign-born and native-born adult populations are substantially reduced when standardized by age and sex. This suggests that the different demographic composition accounts for a large share of the observed gap. Considerable heterogeneity is also identified by geographical origin, and no association is observed between irregular immigration and crime. Factors such as poverty, social exclusion, and urbanization emerge as consistent predictors. These findings underscore the need for evidence-based policies, including regularization and social integration measures, to reduce tension and promote cohesion. The empirical evidence challenges the simplistic narrative linking immigration to crime, underscoring the importance of data-driven policies. |
Cómo citar
Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2026). «Análisis de los niveles de delincuencia de la población adulta en España según nacionalidad (2007-2023)». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 195: 103-124. (doi: 10.5477/cis/reis.195.103-124)
La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es
Jesús Javier Sánchez Barricarte: Universidad Carlos III de Madrid | jesusjavier.sanchez@uc3m.es
Introducción1
Desde los años noventa, España ha vivido una profunda transformación sociodemográfica, impulsada por el aumento sostenido de la inmigración. Este fenómeno convierte al país en un caso clave para el estudio de la relación entre inmigración e integración en Europa. En 1998, los extranjeros representaban apenas el 1,6 % de la población; en 2023, alcanzaron el 13 %. También creció el porcentaje de españoles nacidos en el extranjero: del 1,5 % al 6,5 % (véase gráfico 1). Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), se estima que 2,05 millones de personas obtuvieron la nacionalidad española por residencia entre 2007 y 2023.
Se prevé que la inmigración hacia España continuará en las próximas décadas, con independencia de las políticas restrictivas que puedan adoptar los futuros gobiernos. Este pronóstico se fundamenta en la creciente demanda de mano de obra joven, derivada del envejecimiento de la población española.
Según una encuesta de SocioMétrica realizada en julio de 2025, el 73 % de los españoles consideraba excesivo el número de inmigrantes y el 81 % apoyaba endurecer las políticas contra la inmigración ilegal (Ruiz Coll, 2025), lo que refleja el peso de las percepciones sociales en el debate migratorio.
En Europa y Estados Unidos, la inmigración ha dado lugar a discursos polarizados que la asocian con un incremento de la inseguridad. Sin embargo, la investigación científica revela una visión más matizada. La mayoría de estudios no halla relación directa entre inmigración y delincuencia (Maghularia y Übelmesser, 2019). Algunos sugieren que la inmigración podría contribuir a reducir los índices de criminalidad (Ousey y Kubrin, 2018).
Pese a la relevancia del tema, existen pocos estudios empíricos sobre el vínculo entre inmigración y delincuencia en España. García España (2020 y 2024) ha investigado extensamente el tema, proponiendo teorías valiosas para el debate. Argumenta que la inmigración contribuye a reducir la delincuencia, aunque la evidencia empírica que lo respalda en España es limitada.
Alonso Borrego, Garoupa y Vázquez (2012) analizaron el impacto de la inmigración en los índices de criminalidad en el ámbito provincial entre 1999 y 2009. Tras considerar diversas variables socioeconómicas, concluyeron que el aumento de la población inmigrante no tuvo un impacto significativo en los delitos graves, y destacaron la importancia del idioma y la educación para promover la integración.
García España, Aguilar-Jurado y Contreras-Román (2020), mediante entrevistas a 173 inmigrantes, determinaron que la delincuencia está principalmente vinculada a la escasa cohesión social y la alta conflictividad en el barrio.
El presente estudio aborda una laguna en la literatura mediante un análisis cuantitativo de la relación entre inmigración y delincuencia en España, incorporando factores demográficos, estructurales y socioeconómicos.
Marco teórico
Diversas teorías explican un posible aumento o reducción de la criminalidad asociada a la inmigración. Entre las teorías que respaldan un incremento de la delincuencia, destaca la del perfil demográfico propenso al crimen, según la cual la inmigración incrementa la proporción de población en grupos de edad con mayor riesgo de conductas delictivas, como adolescentes y adultos jóvenes (Ousey y Kubrin, 2009).
La teoría de la desorganización social sugiere que la inmigración, al aumentar la diversidad cultural y la movilidad de residencia, complica la cohesión de la comunidad y el desarrollo de valores comunes. Estas condiciones debilitan los mecanismos sociales de control y prevención del delito, especialmente en comunidades receptoras con alta diversidad lingüística y cultural (Sampson, 2008).
Desde una perspectiva económica, algunos estudios han planteado que la inmigración podría intensificar la competencia laboral en sectores con alta concentración de trabajadores poco cualificados, lo que puede generar tensiones sociales y económicas entre la población autóctona e inmigrante (Butcher y Piehl, 1998).
La teoría de las oportunidades vitales sostiene que los obstáculos que enfrentan los inmigrantes en la sociedad –como la discriminación o la falta de acceso a la educación y al empleo– pueden inducir a delinquir (Ousey y Kubrin, 2009).
Por el contrario, algunas teorías sostienen que la inmigración disminuye la delincuencia. La teoría de la selección positiva argumenta que los inmigrantes suelen ser personas motivadas, jóvenes y con menor propensión a delinquir, ya que buscan mejorar sus vidas (Chiswick, 1999). Asimismo, los beneficios económicos de la inmigración –como cubrir empleos rechazados por la población autóctona y estimular el crecimiento– favorecen la estabilidad y reducen la delincuencia (Butcher y Piehl, 1998). El temor a ser deportados puede disuadir a los inmigrantes de delinquir, y su incorporación al mercado laboral reduce el tiempo disponible para cometer delitos.
Metodología y fuentes
Kubrin y Ousey (2023) sostienen que lo ideal es usar investigaciones longitudinales con seguimiento de los mismos individuos durante un periodo prolongado. Sin embargo, este método tiene limitaciones importantes, ya que exige un seguimiento a largo plazo y una gran cantidad de recursos, lo que complica su aplicación. Por ello, la mayoría de investigaciones disponibles son transversales, basadas en datos de distintas generaciones de migrantes en un momento específico. Considerando la información disponible, este estudio utiliza un análisis transversal.
Analizar la relación entre inmigración y delincuencia plantea retos metodológicos, especialmente en la medición. Según la Organización Internacional para las Migraciones, un inmigrante es quien traslada su residencia habitual a otro país, por lo que no todos los extranjeros en España lo son.
Otro desafío es la medición de la delincuencia. Hemos calculado las tasas brutas de delincuencia para cada periodo de la siguiente manera:
Para el numerador en este estudio, se ha empleado la «Estadística de Condenados: Adultos» del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta base de datos ofrece información anual sobre las características sociodemográficas de las personas condenadas en firme. Se han analizado aproximadamente 5,6 millones de delitos con sentencia condenatoria entre 2007 y 2023. Este estudio prioriza el análisis de los delitos frente al de los individuos condenados, ya que una misma persona puede haber cometido varios delitos durante un mismo periodo.
Se han utilizado los datos de los padrones municipales (INE) para calcular el denominador. El empadronamiento permite acceder a servicios esenciales y puede ser clave para regularizar la residencia, al acreditar la estancia en España. Es, por tanto, una herramienta fundamental para cuantificar y analizar la población residente, incluidos los inmigrantes irregulares.
Este estudio emplea dos enfoques metodológicos complementarios, descritos a continuación:
- Análisis de regresión múltiple.
- Cálculo de tasas estandarizadas de delincuencia según la nacionalidad de los infractores.
Análisis de regresión múltiple
Hemos estimado dos modelos de regresión múltiple para cuantificar la asociación entre la tasa bruta de delincuencia y un conjunto de variables socioeconómicas. Hemos recopilado la siguiente información para las cincuenta provincias españolas y las ciudades de Ceuta y Melilla (datos obtenidos del INE):
Variable dependiente:
«Tasa bruta de delincuencia» de la población total de dieciocho o más años por cada cien mil habitantes en el periodo 2020-2022 (todos los delitos).
Variables independientes:
(a menos que se especifique lo contrario, los datos siguientes hacen referencia al periodo 2018-2020).
- % Extranjeros: porcentaje de extranjeros de dieciocho o más años empadronados en cada provincia.
- Porcentajes de extranjeros originarios de diferentes áreas geográficas:
- % Países de la UE sin España.
- % Países de Europa (no UE).
- % África.
- % Iberoamérica.
- % Asia.
- Edad media: Edad media de la población total de dieciocho o más años.
- RMasculinidad: Razón de masculinidad (número de varones por cada cien mujeres) en la población total de dieciocho o más años.
- % Ciudad: Porcentaje de la población total que residía en ciudades de cincuenta mil o más habitantes en el año 2021.
- Tasa paro: Tasa media de paro de la población total (Encuesta de Población Activa, EPA).
- Estudios: Porcentaje de la población total de veinte o más años con estudios completados de grado superior en formación profesional o universitaria en el año 2021.
El análisis de regresión múltiple se ha realizado con datos de sentencias judiciales en el periodo 2020-2022, utilizando como variables independientes indicadores sociodemográficos correspondientes a 2018-2020. Este desfase responde a la duración media de los procedimientos judiciales (2,3 años según el Consejo General del Poder Judicial), y busca aproximar el contexto real en el que ocurrieron los delitos sentenciados para interpretar mejor los factores asociados a la criminalidad.
El análisis de regresión examina si la presencia de población extranjera se asocia estadísticamente con las tasas provinciales de delincuencia, controlando covariables. Dada la mayor incidencia delictiva entre varones y jóvenes (Ousey y Kubrin, 2009), hemos incluido en el modelo las variables «edad media» y «razón de masculinidad». Además, considerando que la intensidad de la delincuencia varía entre zonas rurales y urbanas (Ceccato, 2015), y que el contexto económico se asocia con variaciones en los niveles delictivos (Torres-Téllez, 2023), se han incorporado dos variables adicionales: el porcentaje de población residente en ciudades de cincuenta mil o más habitantes, y la tasa de población en paro. Por último, hemos incorporado una variable que recoge el nivel de «estudios» de la población, dado que numerosos trabajos hallan asociaciones negativas entre nivel educativo y criminalidad (Ruiz Morales, 2018). Los resultados del análisis de regresión, expresados mediante valores beta estandarizados, se presentan en la tabla 1. Para un mayor detalle, se pueden consultar las tablas A1 y A2 incluidas en el apéndice en línea.
TABLA 1. Estimaciones de la tasa bruta de delincuencia
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Variable |
Modelo 1 |
Modelo 2 |
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z% Extranjeros |
0,078 |
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z% Países de la UE |
-0,085 |
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z% Países de Europa menos UE |
1,046 * |
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z% África |
-0,753 |
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z% Iberoamérica |
-0,179 |
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z% Asia |
-0,055 |
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zEdad Media |
-0,355 • |
-0,483 ** |
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zRMasculinidad |
0,043 |
-0,077 |
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z% Ciudad |
0,430 *** |
0,355 *** |
|
zTasa Paro |
0,218 |
0,037 |
|
zEstudios |
0,084 |
0,149 |
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--- |
--- |
--- |
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R2 ajustado |
0,629 |
0,707 |
Valor p < 0,001***; < 0,01**; < 0,05*; < 0,1•.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
En el primer modelo, la variable «% Extranjeros» no resulta estadísticamente significativa; en este marco, no observamos una asociación independiente robusta con la tasa, una vez consideradas las demás covariables. Este hallazgo coincide con los resultados de Alonso Borrego, Garoupa y Vázquez (2012).
El segundo modelo, que desagrega la inmigración por regiones de origen, proporciona un análisis más refinado. Se aprecia una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la presencia de población procedente de la «Europa no UE» y las tasas de delincuencia, un vínculo que podría estar relacionado con la existencia de redes delictivas organizadas.
Sin embargo, para otros grupos, como los provenientes de África, Asia, países de la UE o Iberoamérica, los coeficientes no son estadísticamente significativos, lo que indica que no obtenemos evidencia de asociación independiente clara con la tasa en el modelo especificado. Estos resultados subrayan la necesidad de un enfoque matizado. En estos modelos, los predictores más consistentes son la urbanización y la edad media; la proporción de población extranjera no muestra una asociación independiente robusta. Aunque Ruiz Morales (2018) identificó que la calidad de la educación es un factor relevante para reducir la criminalidad, en los modelos presentados en la tabla 1 no hemos encontrado evidencia de que el nivel de estudios tenga una asociación estadísticamente significativa.
Tasas estandarizadas de delincuencia según nacionalidad
Considerar a la población extranjera en España como un grupo homogéneo supone un riesgo metodológico relevante, al ocultar las profundas heterogeneidades en las condiciones socioeconómicas y demográficas de sus integrantes. Para mitigar al menos parcialmente este problema, resulta esencial calcular tasas de delincuencia desagregadas por la procedencia geográfica de los distintos subgrupos de población.
Dado que la delincuencia es una variable fuertemente influida por factores como la edad y el sexo, y que la estructura demográfica de los distintos subgrupos que conforman la población residente en España presenta importantes diferencias, resulta fundamental aplicar un procedimiento de estandarización.
En este estudio se ha empleado el conocido como método de estandarización directa, una técnica que permite neutralizar el efecto de las diferencias en la estructura por edad entre los grupos poblacionales objeto de comparación. Este procedimiento consiste en aplicar las tasas específicas por edad de cada grupo a la distribución de una población estándar previamente definida, lo que permite obtener una tasa global estandarizada y realizar comparaciones más equitativas. En este estudio se ha tomado como población estándar la distribución proporcional por edad de la población adulta (ambos sexos) residente en España en 2021-2023 (véase tabla A4 del apéndice en línea).
La tasa estandarizada total (ambos sexos) se obtuvo como media ponderada de las tasas estandarizadas por sexo, usando los pesos de la distribución por sexo de la población adulta de España en 2021-2023 (véase tabla A5).
La brecha entre las tasas de españoles y extranjeros se reduce un 48 % tras estandarizar por edad y sexo (véase tabla 2). Es decir, aproximadamente la mitad de la diferencia se explica por la distinta estructura demográfica. La población inmigrante se concentra en cohortes más jóvenes y presenta una mayor proporción de varones, grupos que, según la evidencia, registran tasas delictivas más altas (Ousey y Kubrin, 2009; Sampson, 2008). Por último, los valores más bajos de las tasas entre mujeres subrayan la necesidad de incorporar el sexo en el análisis de la delincuencia.
La tabla 3 presenta las tasas estandarizadas por edad y sexo según el origen geográfico (se listan únicamente los países más representativos de cada grupo). El bloque de países de los Balcanes comprende Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. La región denominada «Arco musulmán» abarca el Magreb, Oriente Medio (excluyendo Israel) y Asia sudoccidental. Por su parte, el grupo de «Países ricos (no UE)» incluye países de América, Europa, Asia y Oceanía (véase tabla A3 del apéndice en línea para más detalles). A partir de la información contenida en la tabla 3, se destacan los siguientes aspectos clave:
- Razón de masculinidad: Debido a sesgos de selección migratoria, el número de varones por cada 100 mujeres entre los extranjeros es más alto (105) que entre los españoles (94), aunque existe una gran variabilidad entre países. Por ejemplo, mientras que entre los ciudadanos de Malí es de 1082 varones por cada 100 mujeres, entre los de Nicaragua es de tan solo 32.
- Diferencias por sexo en las tasas de delincuencia: En promedio, las tasas entre los varones son seis veces superiores a las registradas entre las mujeres.
- Comparaciones entre españoles y extranjeros: Incluso tras controlar por edad y sexo, las tasas de delincuencia de los extranjeros casi duplican las de los españoles. Es importante destacar la heterogeneidad en el comportamiento delictivo dentro de la población extranjera.
- Diferencias por agrupamientos geográficos:
- La población procedente de Asia y el Pacífico presenta tasas de delincuencia casi un 50 % inferiores a las de los españoles.
- En contraste, los originarios de «Europa del Este (no UE)» e Iberoamérica tienen tasas 2,5 veces superiores.
- Los grupos originarios del Arco musulmán y del África Subsahariana registran tasas superiores a la media del conjunto de la población extranjera.
- En promedio, las tasas de delincuencia de los «Países ricos (no UE)» y de la Unión Europea (tanto oriental como occidental) superan las observadas en la población española.
- Variabilidad por países: Las diferencias son aún más pronunciadas cuando se analizan las tasas por país de origen. Algunos países africanos (Malí), iberoamericanos (México), del Arco musulmán (Pakistán), de la Unión Europea (Alemania e Italia) y de Asia y Pacífico (India, China y Filipinas) registran tasas inferiores a las de los españoles. Destacan las elevadas tasas de los procedentes de los Balcanes y Georgia, que multiplican por nueve las registradas entre la población española. Los argelinos, ecuatorianos y dominicanos también registran tasas elevadas, superiores en más de tres veces a las de la población española. Los colombianos, cubanos, peruanos, bolivianos, franceses, marroquíes, nigerianos, belgas y rumanos tienen tasas de delincuencia superiores al doble de las de los españoles.
La tabla A7 del apéndice en línea detalla las tasas de delincuencia desglosadas por nacionalidad y tipo de delito.
Evolución de las tasas
de delincuencia en extranjeros y autóctonos
Según el gráfico 2, entre 2007 y 2023 las tasas estandarizadas de delincuencia total crecieron de forma muy considerable, pero el incremento fue mayor en la población española (+120 %) que en la extranjera (+70 %). En julio de 2015 entró en vigor una reforma del Código Penal que suprimió las faltas y las tipificó como delitos leves, lo que explica parte del repunte observado en las tasas. Cuando se analizan algunos delitos específicos que causan gran alarma social, observamos que, en el caso de los homicidios, la tasa se redujo entre los españoles (−18 %) y aumentó entre los extranjeros (+8 %). Sin embargo, en otros delitos, como los sexuales y las lesiones, el incremento fue mayor en la población española.
Podría argumentarse que los incrementos en la población autóctona se deben al proceso de naturalización de muchos inmigrantes. Dado que las estadísticas oficiales de condenados solo recogen la nacionalidad y no el país de nacimiento, no es posible cuantificar con precisión qué parte del aumento de las tasas de delincuencia en la población española puede atribuirse a la naturalización. No obstante, como muestra el gráfico 2, mientras que el porcentaje de la población con nacionalidad española nacida en el extranjero creció un 180 %, la tasa de delincuencia de la población española lo hizo bastante menos (+120 %). Por tanto, atribuir el aumento de la delincuencia en la población autóctona a los procesos de naturalización constituye una explicación insuficiente.
Resulta más verosímil vincular el ascenso de estas tasas a factores estructurales de carácter socioeconómico. El incremento cercano al 50 % en la tasa de delincuencia de la población española entre 2007 y 2014 coincidió con el deterioro social iniciado con la crisis financiera global de 2008. De acuerdo con la EPA, la tasa de desempleo pasó del 8,2 % en 2007 al 26,1 % en 2013, lo que refleja un deterioro drástico del mercado laboral. Paralelamente, la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) muestra que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) también aumentó del 23 % en 2007 al 29,2 % en 2014.
En contraste, el incremento de la tasa de delincuencia en la población extranjera fue más contenido. Ante las difíciles circunstancias económicas desencadenadas en 2008, muchos residentes extranjeros optaron por regresar a sus países de origen. Según datos del INE, entre 2010 y 2014 el saldo migratorio de la población extranjera fue negativo, con una salida neta de 434 000 personas. Esta salida neta, al afectar especialmente a personas desempleadas o con menor arraigo, pudo haber contribuido a que sus tasas no aumentaran con la misma intensidad que en la población española.
A partir de 2020, el deterioro de las condiciones socioeconómicas derivado de la pandemia de la COVID-19 incrementó la tasa de delincuencia de la población española en mayor medida que la de la extranjera. En las crisis analizadas, el aumento relativo fue mayor entre españoles que entre extranjeros.
¿Existe una relación entre inmigración irregular
y delincuencia?
En el debate político actual se ha consolidado la idea según la cual la inmigración debe ser «ordenada, legal y segura». Esta formulación, ampliamente aceptada, refleja una preocupación legítima por el control de los flujos migratorios, pero también transmite implícitamente la percepción de que la inmigración irregular constituye una amenaza para el orden público y la seguridad ciudadana.
Con los agregados disponibles de la tabla 3, no identificamos una correlación positiva entre irregularidad administrativa y nivel de delincuencia. De hecho, las tasas estandarizadas de delincuencia de algunos grupos procedentes de países de la Unión Europea (como Francia, Bélgica, Rumanía o Portugal, todos con residencia legal) resultan superiores a las de colectivos con una presencia significativa de inmigrantes en situación irregular. Así, las poblaciones con nacionalidad de Nicaragua, Rusia, Brasil, Honduras, Paraguay, Senegal, Ucrania, Venezuela y Argentina muestran tasas estandarizadas más bajas que las del conjunto de la población de la UE oriental. Además, las personas con nacionalidad de México, Malí, Pakistán, China, India y Filipinas registran tasas incluso inferiores a las de la población española.
A partir de los datos de Funcas (2024), hemos estimado que, entre 2017 y 2023, el peso de la población extranjera en situación irregular en el conjunto de extranjeros se incrementó en un 345 %, mientras que la tasa estandarizada de delincuencia total de los extranjeros descendió un 2 %. Los aumentos en homicidios (+19 %), delitos contra la libertad sexual (+28 %) y lesiones (+5 %) fueron muy inferiores a ese aumento del peso de la irregularidad. En consecuencia, la mayor proporción de irregulares entre la población extranjera no se ha traducido, según los datos disponibles, en un incremento de las tasas total de delincuencia de este colectivo (gráfico 3).
De acuerdo con una encuesta realizada por Sigma Dos en 2024, los entrevistados en España manifestaron mayor simpatía hacia los inmigrantes procedentes de Iberoamérica (33,5 %) y de países europeos cercanos (28 %). En contraste, los grupos que generaron menor simpatía fueron los magrebíes (2,4 %), los europeos del Este (5,4 %), los asiáticos (6,5 %) y los subsaharianos (8,9 %) (Torre, 2024).
Los datos de la tabla 3 revelan una disociación entre los niveles de simpatía social hacia determinados colectivos extranjeros y sus tasas de criminalidad reales. Por ejemplo, aunque la población iberoamericana presenta, en promedio, una de las tasas de delincuencia más elevadas (1662), es el colectivo que genera mayor simpatía. Esto podría explicarse por la historia compartida entre España e Iberoamérica, así como por las similitudes culturales en aspectos como lengua, tradiciones y costumbres religiosas, que tienden a reducir tensiones sociales y fomentar actitudes positivas.
Por el contrario, la baja simpatía hacia la población asiática y subsahariana no está justificada por sus niveles de delincuencia. La tasa de la población de Asia y Pacífico (426) es, de hecho, inferior a la española (675), mientras que la de la población subsahariana (1311) se sitúa cercana a la media de la población extranjera (1294). La escasa aceptación social hacia estos colectivos parece estar más relacionada con prejuicios, estereotipos, barreras lingüísticas, culturales y religiosas que con sus tasas reales de delincuencia.
Determinantes sociales
y estructurales en la relación entre inmigración
y delincuencia
Las tablas 2, 3 y A7 muestran que, incluso controlando por edad y sexo, la población extranjera registra casi el doble de delitos que la española. Sin embargo, estos datos no permiten concluir que la condición de inmigrante implique una mayor propensión a la delincuencia. Además de la edad y el sexo, existen muchas otras variables que influyen en el nivel delictivo de cualquier grupo social, autóctono o extranjero. A continuación, se analizan algunos de estos factores:
Extranjero ≠ inmigrante
Es crucial distinguir entre «extranjero» e «inmigrante». Muchos extranjeros no tienen planes de establecer su domicilio en España, un requisito imprescindible para ser considerados inmigrantes. Las estadísticas oficiales sobre delincuencia recogen la nacionalidad de los condenados, pero no su situación residencial. Esta carencia impide determinar, dentro del conjunto de extranjeros, quiénes pueden ser considerados realmente inmigrantes.
Existen personas extranjeras que, sin ser inmigrantes, han sido condenadas por delitos cometidos durante estancias temporales en el país, ya sea por motivos laborales o turísticos. Según los datos de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), España recibió una media anual de 62,3 millones de turistas internacionales entre 2007 y 2023, entre los cuales se registraron también casos de infracciones penales.
Se ha constatado la actividad de grupos delictivos itinerantes transnacionales, integrados por ciudadanos del este europeo no comunitario que acceden legalmente al espacio Schengen y hacen desplazamientos breves entre países, lo que complica la acción policial (Europol, 2024). Se especializan en hurtos en domicilios, comercios y lugares públicos de gran afluencia, entre ellos los realizados por carteristas. Se benefician de las limitaciones del sistema judicial español, que a menudo permite su rápida puesta en libertad, favoreciendo la reincidencia.
Según el European Drug Report 2023, España es una de las principales vías de entrada de drogas en Europa y uno de los países con más incautaciones, con un consumo interno superior a la media. Además, de acuerdo con Europol (2024), se ha convertido en un refugio para mafias internacionales, albergando organizaciones criminales originarias de treinta y tres países.
El crimen organizado internacional responde a dinámicas propias de los mercados ilícitos, la geoestrategia y las oportunidades, y opera al margen de los flujos migratorios de residencia y arraigo. Al no distinguir entre turistas, delincuentes itinerantes y residentes con voluntad de arraigo, si se utilizan las estadísticas penales de los extranjeros como estimación de las correspondientes a la población inmigrante, se incurre inevitablemente en un error de sobreestimación. Esta circunstancia probablemente explica las elevadas tasas registradas en el grupo «Balcanes y Georgia» (véase tabla 3), ya que, en el cálculo de las mismas, los condenados procedentes de este grupo se incluyen en el numerador, aunque muchos de ellos no residen en España. Si las estadísticas oficiales incorporaran información sobre el estatus residencial de los condenados, sería posible calcular con mayor precisión las tasas reales de delincuencia de la población inmigrante.
Gerencialismo
García España (2024) utiliza el término «gerencialismo» para describir un enfoque penal centrado en la eficiencia administrativa, que focaliza la vigilancia en colectivos considerados de riesgo, como los inmigrantes. Este modelo favorece prácticas discriminatorias, como el perfilado étnico en las identificaciones policiales, que contribuyen a la sobrerrepresentación de estos grupos en las estadísticas penales. En el contexto español, tales dinámicas han sido ampliamente documentadas por Arenas García y García España (2022).
Subregistro de delitos cometidos por nacionales
Los delitos de cuello blanco –como el fraude financiero, la corrupción o la evasión fiscal– son cometidos principalmente por personas de clase alta y presentan una mayor incidencia en la población autóctona frente a la inmigrante. Sin embargo, suelen recibir menos atención por parte del sistema judicial debido a diversos sesgos estructurales. Los infractores disponen de recursos económicos y legales que les permiten influir en el desarrollo de los procesos, mientras que la percepción social tiende a minimizar la gravedad de estos delitos en comparación con los violentos o callejeros. Esquinas Valverde (2023) demuestra que en España existe una brecha significativa entre el número de delitos de cuello blanco cometidos y las condenas efectivamente impuestas, una diferencia atribuible a deficiencias del sistema penal y dinámicas de privilegio. Como consecuencia, es probable que la delincuencia de origen autóctono esté subrepresentada en las estadísticas oficiales, lo que introduce un sesgo importante al comparar los niveles delictivos entre nacionales e inmigrantes.
Sistema judicial desvirtuado
Según García España (2024), el sistema judicial pone en evidencia prácticas judiciales que restringen el acceso equitativo a la justicia para determinados colectivos vulnerables, especialmente la población inmigrante. Entre estas barreras destacan:
- Falta de asistencia legal adecuada.
- Aceptación de acuerdos de culpabilidad sin comprensión total de sus implicaciones.
- Carencia de intérpretes cualificados, lo que coloca a los inmigrantes en desventaja.
Según Sánchez et al. (2024), entre 1996 y 2022, el 44,4 % de las personas condenadas erróneamente en España eran extranjeras, lo que supone una sobrerrepresentación respecto a su presencia media en la población penitenciaria (29 %). Estos datos sugieren que la población extranjera enfrenta un mayor riesgo de condenas injustas. Estas limitaciones explican, en parte, el peso desproporcionado de los extranjeros en las estadísticas penales.
Situación legal de los inmigrantes
Hasta su reforma en mayo de 2025 –que redujo el plazo a dos años–, el reglamento de extranjería de 2011 exigía tres años de residencia continuada en España como requisito para la regularización por arraigo social. En la práctica, este marco normativo contribuye indirectamente a perpetuar la economía sumergida y a mantener durante largos periodos bolsas de población en situación irregular, lo que puede incrementar la vulnerabilidad social y facilitar la comisión de delitos.
Entre 2017 y 2023, las autoridades españolas expulsaron una media anual de mil cuatrocientos extranjeros por «estancia irregular», otros quinientos treinta por «condena o sustitución de condena» y mil más por «otros motivos» (Jara, 2023). Según nuestras estimaciones, basadas en datos de Funcas (2024), esto equivale a una tasa de apenas 3,7 expulsiones por estancia irregular por cada mil personas en dicha situación administrativa. Este bajo volumen se explica, en parte, por el elevado coste medio de cada expulsión –unos 2300 euros en ese periodo, según Ondarra (2024), sin incluir los gastos derivados del internamiento, la asistencia jurídica, la intervención policial y los procedimientos judiciales–. La deportación del gran número de inmigrantes irregulares actuales supondría una carga económica difícilmente asumible.
Investigaciones recientes en otros contextos señalan que regularizar la situación administrativa de los inmigrantes puede contribuir a reducir los niveles de delincuencia dentro de este colectivo (Gunadi, 2020; Pinotti, 2017; Mastrobuoni y Pinotti, 2015; Baker, 2015). El acceso al mercado laboral formal no solo incrementa sus ingresos, sino que también aumenta el coste de oportunidad de delinquir, al poner en riesgo su estabilidad económica y social. Las políticas de regularización migratoria no solo representan una respuesta humanitaria, sino que también pueden ser herramientas eficaces para mejorar la seguridad y la cohesión social (Martínez-Schuldt y Martínez, 2017).
Elías, Monras y Vázquez-Grenno (2025) demostraron que la regularización masiva de unos seiscientos mil inmigrantes en España en 2005 –en su mayoría personas con baja cualificación– no solo mejoró sus ingresos y condiciones laborales, sino que no tuvo efectos adversos sobre el empleo ni los salarios de la población autóctona. Además, las cotizaciones a la Seguridad Social aumentaron unos cuatro mil euros anuales por cada inmigrante regularizado, sin que exista evidencia de un incremento adicional en el gasto público en sanidad o educación.
A pesar de las críticas que ha suscitado en ciertos sectores, la regularización no debe entenderse como una renuncia al derecho soberano de los Estados a gestionar sus fronteras. Por el contrario, constituye una herramienta pragmática para abordar una realidad migratoria estructural que difícilmente puede resolverse únicamente mediante mecanismos de control o expulsión. Lejos de representar un premio a la ilegalidad, la regularización constituye una medida de protección para el conjunto de la sociedad, al contribuir a reducir la marginalidad y el empleo sumergido. Las expulsiones deberían aplicarse de forma selectiva y en casos que supongan amenazas graves para la seguridad pública, no como mecanismo general de gestión migratoria.
Es fundamental considerar que muchos inmigrantes en situación irregular –especialmente los menos cualificados– desempeñan trabajos que la población autóctona no está dispuesta a realizar. Aceptar este hecho es reconocer una necesidad estratégica, sobre todo si se entiende que el principal recurso de un país es su gente, siempre que pueda vivir en libertad y desarrollar plenamente su capacidad creativa innata.
No es necesario recurrir a deportaciones masivas, ya que cuando el mercado de trabajo deja de requerir esa fuerza laboral, muchos inmigrantes abandonan el país voluntariamente. Según datos del INE entre 2010 y 2014 –años de severa crisis económica–, los saldos migratorios netos fueron negativos: −198 000 personas de Iberoamérica, −140 000 de la Unión Europea, −122 000 de África (de las cuales −87 000 de nacionalidad marroquí y argelina) y −9000 de Asia.
Aunque en las últimas décadas ha aumentado el número de personas que acceden ilegalmente a España en cayucos y pateras, o mediante el salto de las vallas de Ceuta y Melilla, en 2023 solo el 5 % de los extranjeros en situación irregular tenía origen africano (Funcas, 2024). Esto se debe a que la frontera sur española se ha convertido en una de las más mortíferas del mundo. Según la ONG Caminando Fronteras, diez mil quinientas personas murieron intentando llegar por mar en 2024. A esta cifra habría que añadir las muertes ocurridas durante el trayecto por territorio africano. Lejos de representar una oportunidad, esta ruta migratoria se ha transformado en una opción extrema y letal.
Una proporción significativa de los inmigrantes africanos que acceden a España no permanece en el país. Entre 2021 y 2023, ingresaron cada año unas 43 000 personas procedentes de África de forma ilegal, según los balances e informes del Ministerio del Interior, y otras 53 000 con visado de larga duración, según los registros del OPI. No obstante, de acuerdo con la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del INE, más de 80 000 personas de origen africano residentes en España emigraron cada año al extranjero durante ese mismo periodo.
En 2023, el 87 % de los extranjeros en situación irregular en España era originario de países iberoamericanos (Funcas, 2024), geográficamente lejanos, pero con profundos vínculos lingüísticos, históricos y culturales, y hacia los que la población autóctona muestra una mayor simpatía. La mayoría de estas personas ingresó legalmente con un visado de turista, principalmente a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, y prolongó su estancia más allá del tiempo autorizado.
La historia de España incluye también numerosos episodios de emigración irregular hacia América y Europa. Lejos de ser un fenómeno marginal, la emigración española hacia Europa en la década de los sesenta fue irregular en un porcentaje que osciló, según el año, entre el 40 % y el 68 %, de acuerdo con Babiano Mora y Fernández Asperilla (2003) y Calvo Salgado et al. (2009). Como ocurre hoy con muchos inmigrantes iberoamericanos residentes en España, un millón de españoles emigraron a Europa en los años sesenta como turistas, alargaron su estancia más allá del tiempo permitido y, posteriormente, regularizaron su situación administrativa. Fueron objeto de fuertes prejuicios y de una marcada estigmatización social. Esta experiencia histórica, a menudo olvidada, debería invitar a abordar las migraciones contemporáneas con una mayor sensibilidad política e institucional.
Para reducir la incidencia de la irregularidad y de la economía sumergida, resulta imprescindible aumentar significativamente la concesión de visados. Según datos del OPI, entre 2010 y 2024 las oficinas consulares españolas concedieron una media anual de solo veintidós mil visados de trabajo. Estas cifras resultan insuficientes considerando las necesidades del mercado laboral español y su comparación con otros países europeos. Así, por ejemplo, los Decreti Flussi aprobados por el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia para el periodo 2023-2025 contemplaban la aprobación anual de 150 000 visados de trabajo a ciudadanos extracomunitarios residentes en el extranjero.
En última instancia, la elevada cifra de inmigrantes irregulares en España se debe al desajuste entre la escasa concesión de visados de trabajo y las necesidades reales del mercado laboral. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el número de puestos de trabajo vacantes no ha dejado de aumentar en la última década, pasando de 56 000 en 2014 a 150 000 en 2024 en paralelo a una reducción de la tasa de paro del 24,4 % al 11,3 %. Incrementar de forma sustancial la concesión de visados facilitaría a los empleadores cubrir sus necesidades de mano de obra y evitaría la exposición de los inmigrantes y sus familias a situaciones de precariedad, vulnerabilidad jurídica y desarraigo social.
Pobreza y marginación
Las personas en situación de pobreza, con independencia de su origen, nacionalidad o estatus legal, enfrentan severas limitaciones en el acceso al empleo, la educación y la vivienda, lo que incrementa el riesgo de incurrir en determinados delitos de supervivencia, como el hurto y el robo (Torres-Téllez, 2023).
El gráfico 4 muestra una asociación ecológica negativa (no causal) entre ganancias medias y tasas de delincuencia. Destaca la excepción del colectivo procedente de Asia y Oceanía, cuyas tasas delictivas se sitúan significativamente por debajo de lo esperable según el nivel de ingresos. Esto sugiere que, además de los factores económicos, también influyen variables culturales y educativas, como las normas comunitarias estrictas.
Según el Informe Anual del Banco de España (2024), entre 2019 y 2024 alrededor del 76 % de los nuevos empleos los ocuparon extranjeros. Su incorporación cubrió la demanda en sectores con dificultades de contratación –agricultura, construcción, hostelería y cuidados personales–, caracterizados por precariedad y baja remuneración. Los inmigrantes no solo llegan en busca de oportunidades, sino que también responden a una necesidad estructural de la economía española.
Cuadrado y Regil (2025) estiman que, entre 2022 y 2024, la población nacida fuera de España aportó el 24,1 % del crecimiento medio anual del PIB per cápita, pese a representar el 17,5 % de la población. Esta contribución, superior a su peso demográfico, se explica por una estructura de edades más joven y tasas de actividad más elevadas, factores que, en conjunto, compensan una productividad por hora inferior a la de la población autóctona. En coherencia con ello, según el INE, la tasa media de empleo de la población de dieciséis y más años en 2007-2023 fue del 48,2 % entre las personas con nacionalidad española, frente al 55,9 % entre las de nacionalidad extranjera de la UE y el 53,9 % entre las del resto del mundo.
Quienes se oponen a la inmigración actual suelen argumentar que una gran parte de los recién llegados carece de una formación elevada. Sin embargo, antes de aspirar a atraer talento extranjero altamente cualificado, España debería garantizar las condiciones necesarias para retener el propio. Según el INE, entre 2019 y 2021 emigraron al extranjero anualmente unos veintiséis mil españoles con titulación universitaria y cerca de cincuenta mil extranjeros residentes en el país con el mismo nivel formativo.
Con una economía terciarizada, un sector industrial de peso moderado, un nivel de I+D todavía reducido y una agricultura intensiva en empleo, restringir la presencia de inmigración poco cualificada no reduciría la delincuencia en España; al contrario, dañaría la actividad y reforzaría vulnerabilidades, lo que previsiblemente la elevaría, como evidenció la crisis de 2008.
Acceso a servicios sociales
El acceso a vivienda, sanidad y asistencia social reduce el estrés, mejora las condiciones de vida y se asocia a menores niveles delictivos. El gráfico 5 muestra que la mayor incidencia de delincuencia observada entre los diferentes grupos de extranjeros parece estar más asociada con las barreras de acceso a servicios esenciales, como la vivienda, que con la condición migratoria per se.
Integración cultural y conflictos sociales asociados
Violencia de género
Ciertos valores y actitudes hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+ en los países de origen de los inmigrantes pueden resultar problemáticos. Comportamientos machistas y homófobos, aún presentes en determinados contextos sociales y culturales, pueden generar conflictos con los principios de igualdad vigentes en España.
El portal estadístico del Ministerio de Igualdad proporciona información detallada sobre los feminicidios, desglosada por edad y país de nacimiento –España o extranjero, sin especificación del país concreto– tanto del agresor como de la mujer asesinada. Entre 2006 y 2024 se registraron 1094 asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, lo que supone una media anual de cincuenta y ocho casos. El gráfico 6 muestra una diferencia significativa en las tasas estandarizadas según el país de nacimiento del agresor y la víctima, con una incidencia notablemente más alta entre la población extranjera. Son las mujeres extranjeras quienes padecen la mayor violencia ejercida por los varones foráneos. Los datos muestran una tendencia descendente en las tasas de feminicidios, especialmente pronunciada entre las personas nacidas fuera de España.
Aunque parte de esta brecha puede deberse a diferencias culturales en las relaciones de pareja, no deben ignorarse las condiciones estructurales que afectan especialmente a las mujeres inmigrantes: barreras lingüísticas, desconocimiento del sistema de protección, dependencia económica o emocional, miedo a la deportación y falta de redes de apoyo (Sanz-Barbero et al., 2016).
También se observan diferencias significativas por nacionalidad en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Para el periodo 2007-2023, la tasa estandarizada de delitos sexuales entre los varones extranjeros fue de 24,3 por cada cien mil hombres mayores de edad (iberoamericanos, 33,6; Arco musulmán, 29,3), frente a 11,4 en el caso de los españoles (véase tabla A7 del apéndice).
El portal estadístico del Ministerio del Interior proporciona datos sobre personas detenidas o investigadas por delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Para el periodo 2014-2023, hemos estimado las siguientes tasas brutas por millón de habitantes según nacionalidad: española, 3,1; extranjera, 9,7 (marroquí y argelina, 19,5; iberoamericana, 13,2). Cabe advertir que, con toda seguridad, las diferencias de las tasas de los extranjeros con respecto a las de los españoles habrían sido menores si hubiésemos podido calcular tasas estandarizadas.
Estos datos ponen de manifiesto retos importantes para la convivencia, que requieren reforzar las políticas de integración cultural y el fomento de la igualdad, especialmente en materia de género y diversidad sexual.
Integración de la población musulmana
El proceso de incorporación social de las comunidades musulmanas exige atención específica, tanto por su creciente peso demográfico como por los retos de la convivencia intercultural. En diciembre de 2024, residían en España 2,4 millones de musulmanes, principalmente de origen marroquí, lo que representaba alrededor del 5 % de la población total (UCIDE, 2025). A la luz de estos datos, hablar de una «invasión islamista» constituye una interpretación desproporcionada.
Los estudios de Aleksynska y Algan (2010) y Heath y Schneider (2021) evidencian que los procedentes del Magreb enfrentan más barreras de integración en Europa occidental que otros grupos de inmigrantes. Estas se manifiestan en el acceso al empleo, el dominio del idioma, la participación cívica, la construcción identitaria y la confianza en instituciones como la policía o el sistema político. A igualdad de nivel educativo, sus resultados en múltiples indicadores son sistemáticamente peores que los procedentes de otras regiones del mundo.
Por el contrario, autores como Sanders (2012) desmontan los estigmas que asocian la inmigración musulmana con una supuesta falta de integración o con la imposición de valores religiosos, estableciendo un paralelismo con los prejuicios que, en otros momentos históricos, afectaron a católicos o judíos.
El debate público suele vincular el islam con la seguridad, lo que exige distinguir entre religión, inmigración y extremismo. Este último se limita solo a una minoría, aunque sus efectos pueden amplificarse en contextos de exclusión social o desconfianza institucional. Según el Mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista del Ministerio del Interior, entre 2012 y junio de 2025 se registraron en España setecientas veinte detenciones vinculadas a esta amenaza, lo que equivale a un promedio anual de aproximadamente cincuenta y tres. De acuerdo con Reinares (2024), el 36 % de los detenidos por terrorismo yihadista entre 2004 y 2023 eran inmigrantes de primera generación y el 52 % habían nacido en España de padres inmigrantes –principalmente de origen marroquí y argelino–. Sin embargo, el terrorismo yihadista debe abordarse, ante todo, como un grave problema de seguridad, y no como una cuestión exclusivamente migratoria.
Los datos de delincuencia de la tabla 3 muestran una marcada heterogeneidad entre los extranjeros con nacionalidad de países de mayoría musulmana. Argelia (3161) y Marruecos (1553) superan claramente la tasa española (675), mientras que Malí (613) y Pakistán (436) se sitúan por debajo; Senegal (1108) queda por debajo de la media del conjunto de extranjeros (1294). Esta diversidad desaconseja generalizaciones y reclama políticas de integración ajustadas al contexto. Los datos sobre delincuencia no respaldan la tesis de una supuesta incompatibilidad entre islam y valores occidentales.
Integración como proceso gradual
El dominio del idioma y la adaptación a las normas sociales favorecen la integración y reducen la probabilidad de conductas delictivas (Martínez-Schuldt y Martínez, 2017). Estos procesos son graduales y varían en duración según las circunstancias personales y del contexto. Según el módulo especial de 2021 de la EPA, el 76 % de los inmigrantes de quince a setenta y cuatro años residentes en España –y el 58 % entre quienes no son de origen iberoamericano– declara tener un dominio avanzado o nativo del español, lo que representa un indicador favorable para su potencial de integración futura.
Con el tiempo, la mayoría de los inmigrantes adquiere el idioma, asimila las normas y se integra en la sociedad receptora. Esta adaptación progresiva podría explicar los resultados de estudios longitudinales, que muestran que los inmigrantes, lejos de aumentar la delincuencia, tienden a reducirla (Kubrin y Ousey, 2023). Por ello, es importante no basar los análisis sobre delincuencia únicamente en datos transversales, ya que estos pueden reflejar una imagen distorsionada, centrada en recién llegados sin reflejar el impacto de la integración progresiva.
Residencia rural/urbana
La delincuencia suele ser más elevada en áreas urbanas que en zonas rurales, debido a factores como la densidad de población, el anonimato, la desorganización comunitaria y la existencia de subculturas delictivas (Ceccato, 2015).
Hernando Sanz (2016) encontró que en España existe una fuerte correlación entre el tamaño de la población y el volumen de delitos. En nuestros modelos estadísticos (véase tabla 1), el porcentaje de población residente en núcleos urbanos aparece como un factor altamente significativo asociado con las tasas de delincuencia. Según datos del INE, en 2021, el 52,2 % de los ciudadanos con nacionalidad española vivía en ciudades de cincuenta mil o más habitantes, cifra que asciende al 57,6 % en la población extranjera. Esto sugiere que las tasas de delincuencia de los inmigrantes podrían estar sobrerrepresentadas debido a su mayor concentración en áreas urbanas.
Por tanto, proponer una reducción de los flujos migratorios –incluso de los ilegales– como estrategia para combatir la delincuencia resulta ineficaz, ya que existen factores subyacentes mucho más determinantes.
Conclusiones
Este estudio pone de relieve la complejidad de la relación entre inmigración y delincuencia en España, y cuestiona las narrativas simplistas que los vinculan de forma directa. En nuestros modelos, la mayor presencia de población extranjera no muestra una asociación con la tasa de delincuencia provincial, una vez consideradas otras covariables. La comparación exclusiva de tasas brutas entre poblaciones con estructuras de edad y sexo distintas puede inducir a conclusiones engañosas; la estandarización mejora la comparabilidad. Tras estandarizar por edad y sexo, la brecha entre las tasas de españoles y extranjeros se reduce nada menos que un 48 %. Además, la desagregación de los datos por origen geográfico revela una notable heterogeneidad que invalida cualquier interpretación homogénea del comportamiento delictivo atribuido al conjunto de la población inmigrante.
El estudio describe asociaciones consistentes con la edad, el sexo, la urbanización, la pobreza y el acceso a servicios. Asimismo, se observa que algunas dinámicas delictivas comúnmente atribuidas a la inmigración responden, en realidad, a fenómenos no migratorios, como el turismo de corta estancia o el crimen organizado de carácter transnacional.
Los datos sí revelan diferencias significativas entre la población autóctona y la extranjera en ámbitos como la violencia contra las mujeres, los delitos sexuales y los motivados por orientación sexual.
No hemos encontrado evidencia de una asociación positiva entre irregularidad y criminalidad. Más bien, estudios en otros países han estimado descensos de delitos tras regularizaciones. En consecuencia, las políticas de regularización, lejos de representar una amenaza para la seguridad, pueden contribuir a reducir la delincuencia al facilitar el acceso a oportunidades legales de inserción laboral y social. Por el contrario, obstaculizar la llegada de inmigrantes puede tener efectos negativos sobre el funcionamiento de la economía y, en última instancia, favorecer un aumento de las conductas delictivas.
En resumen, este estudio no encuentra prueba de que la condición migratoria, per se, explique los niveles delictivos una vez consideradas diferencias demográficas y contextuales; la evidencia apunta a factores estructurales e institucionales.
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1 Agradecimientos: Agradecemos al Comité de Confidencialidad del Instituto Nacional de Estadística por compartir la base de datos de «Estadística de Condenados: Adultos» y a Pablo Manzano Serrano y Jaime Orellana Sanjuan por sus enriquecedores comentarios.
Financiación: Este trabajo ha contado con la financiación del proyecto PHS-2024/PH-HUM-414 de la Comunidad de Madrid (España).
