doi:10.5477/cis/reis.196.79-96

El nacionalpopulismo y la democracia inmediata

National Populism and Immediate Democracy

Jesús Casquete

Palabras clave Aceleración social Democracia Modernidad Nacionalpopulismo Populismo

Resumen El populismo se ha consolidado como un actor clave en las sociedades liberales. Ello plantea un desafío de adaptación a sistemas como la democracia que, por definición, está impelida a la innovación y redefinición permanentes para preservar su espacio normativo. En este artículo abordo las razones de largo aliento subyacentes que ayudan a comprender el éxito electoral, social y cultural de una variante del populismo: el populismo de derecha o nacionalpopulismo. El marco para entender su auge hay que rastrearlo en factores precipitantes y multiplicadores recientes, como las crisis económica y migratoria, pero sobre todo en las transformaciones de las sociedades de alta velocidad y en la capacidad que muestra el populismo de derecha para ofrecer respuestas políticas en apariencia diligentes a las demandas de la ciudadanía.

Key words Social Acceleration Democracy Modernity National Populism Populism

Abstract Populism is a key actor in liberal societies, posing a challenge of adaptation for democratic systems, which, by definition, are driven by continuous innovation and redefinition to preserve their normative domain. This article examines the underlying long-term factors that explain the electoral, social, and cultural success of a specific variant of populism: right-wing populism, or national populism. The framework for understanding its rise must be situated in recent precipitating and amplifying conditions, such as economic and migration crises, but above all, in the transformations of high-speed societies and the capacity of right-wing populism to offer seemingly effective political responses to citizens’ demands.

Cómo citar

Casquete, Jesús (2026). «El nacionalpopulismo y la democracia». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 196: 79-96. (doi: 10.5477/cis/reis.196.79-96)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Jesús Casquete: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | jesus.casquete@ehu.eus

Introducción

¿Cuáles son las razones en la actual coyuntura histórica del auge del populismo en general, y del nacionalpopulismo o populismo de derecha en particular? En este artículo argumentaré que no es posible marco explicativo alguno sin atender a la modernidad tardía y, en particular, a un proceso acompañante suyo: la aceleración de los ritmos temporales.

En términos de representación e influencia, el populismo se ha consolidado como un actor relevante en nuestro entorno geopolítico occidental. Ello plantea un desafío de adaptación para la democracia, sistema que, por definición, está impelido a una innovación y redefinición permanentes para preservar sus fronteras sistémicas y garantizar los derechos y libertades de las personas sometidas a su jurisdicción.

El artículo se articula en varios apartados. El primero enmarca el auge del populismo en la hipermodernidad a partir de la mitad de la década de los setenta. Un rasgo central en la fase de desarrollo más reciente de las sociedades modernas es la aceleración, que constituye el objeto del segundo apartado. El tercer epígrafe desarrolla la respuesta que el nacionalpopulismo ofrece en la nueva tesitura, respuesta que se ha revelado como una clave de su oferta (y de su éxito): acortar los tiempos decisorios en la política democrática, una actividad que es lenta por definición.

El «tiro largo» de la modernidad y el auge del populismo

El populismo es un estilo político que descansa en la dicotomía amigo-enemigo. En un extremo figura un pueblo virtuoso, «auténtico» y entendido de forma monolítica como un cuerpo homogéneo y moralmente unificado. En el otro polo figura una plutocracia corrupta de privilegiados (la élite, el establishment, la casta, «los de ahí arriba») que da la espalda a ese pueblo. Esta divisoria entre la élite y el pueblo es el mínimo común denominador de todas las variedades del populismo, pasadas y presentes.

En las últimas décadas, el populismo ha experimentado un avance espectacular en las democracias liberales. En Europa occidental su porcentaje medio de voto en las elecciones para las cámaras de representantes en la década de los sesenta fue del 5,4 % (Norris e Inglehart, 2019: 9)1. Medio siglo después, y como secuela de la Gran Recensión de 2008, de la crisis migratoria que vivió su punto álgido en 2015 y de la pandemia de la COVID a partir de 2020, aproximadamente 1 de cada 5 votantes de la Unión Europea confía su voto a esa familia de partidos (Meyer y Wagner, 2020; Danieli et al., 2022).

Algunas de las expresiones del populismo se ubican en el eje ideológico de la izquierda. En términos de número y representación son una minoría y se conocen como los partidos socialpopulistas. Los casos más reseñables son Podemos en España, Syriza en Grecia, La France Insoumise en Francia y, más recientemente, la Alianza Sahra Wagenknecht en Alemania.

Por otro lado, hay partidos populistas que excluyen o discriminan a un «otro» definido en términos étnicos, nacionales o religiosos. Entre ellos, destacan Rassemblement National en Francia (RN, desde 2018; sucesor del Frente Nacional, fundado en 1972), Fratelli d’Italia, Alternativa para Alemania (AfD), el Partido de la Libertad holandés (PVV), Fidesz en Hungría, el Partido por la Libertad de Austria (FPÖ) y Vox en España. Algunos de ellos, como en Hungría, Polonia e Italia, han liderado o lideran los gobiernos de sus países. Otros, como RN, FPÖ, PVV o AfD (en este último caso, en el este del país), han sido o son la opción más votada por los electores en diversos comicios nacionales o europeos recientes, aunque la aplicación de medidas de afirmación democrática, conocidas como «cordones sanitarios» o «cortafuegos», han limitado su acceso al poder o lo han impedido. Estos son los partidos nacionalpopulistas. Son populistas porque recurren a un estilo político que polariza entre el pueblo y la élite. Exhiben, además, un nacionalismo (sus valedores prefieren hablar de «patriotismo») que pivota alrededor del recelo del «otro» étnico y, sobre todo, cultural, con los musulmanes en el centro de su alterofobia. El ultranacionalismo es su variable explicativa, el nudo de los programas y praxis política de estas formaciones. Para ellos la patria adquiere un valor sagrado. Quienes así sienten y piensan contemplan la política desde un sectarismo que considera que llegar a acuerdos con el «enemigo» deriva siempre en un «compromiso podrido» (Margalit, 2010). La disposición al compromiso que articula la política en las democracias liberales equivale, desde su perspectiva, a una traición a la pureza de la causa, es decir, a la patria.

Una explicación habitual del éxito del populismo pone el foco en las tensiones socioeconómicas que la globalización ha generado en la integración de la sociedad, con sectores (habitualmente los de menor capital social y cultural) que sufren sobremanera el impacto de los embates de la deslocalización de la economía, la movilidad social descendente, la precariedad laboral y la competencia de las personas inmigrantes por captar recursos del estado de bienestar. Los partidos de derecha populista explotan estas tensiones vinculando los problemas económicos y de seguridad con la presencia de grupos étnicos foráneos.

Sin soslayar los factores detonantes y multiplicadores de carácter económico, social y cultural para dar cuenta del apoyo electoral creciente al populismo de derecha, en este artículo me centro en una explicación de naturaleza política. Pierre-André Taguieff ha escrito: «Todas las reflexiones sobre el populismo político contemporáneo nos conducen a la cuestión de la democracia» (2012: 34). Las explicaciones que colocan en primer plano las crisis económica y migratoria recientes son, sin duda, fundamentales para entender la morfología y grado de penetración del populismo en Occidente, pero se antojan cortoplacistas. Al abordar la crisis que atraviesa la democracia liberal, urge ampliar el campo de visión y atender al «tiro largo» de la modernidad. La tesis que defiendo aquí es que los nuevos contornos de la modernidad ofrecen el caldo de cultivo para que el populismo en general, y el populismo de derecha en particular, haya conseguido consolidarse como un actor central en las democracias liberales. Lo ha hecho, primero, leyendo los cambios que ha traído consigo la sociedad de alta velocidad y, segundo, ofreciendo alternativas que resuenan en una parte significativa de la ciudadanía.

El populismo ha identificado nervios importantes que recorren la modernidad tardía, y les ha dado sus respuestas. Uno de esos nervios guarda relación con la pérdida. La teoría social reciente ha apuntado a la pérdida como un sentimiento generalizado en la modernidad tardía a partir del último cuarto del siglo xx. Desde esta perspectiva, habría una tensión intrínseca entre, por un lado, las promesas de progreso de la Ilustración y la modernidad clásica y, por otro lado, las experiencias de pérdida por parte de individuos y grupos sociales. El sociólogo que ha llamado la atención sobre este vector, Andreas Reckwitz, entiende que «se puede hablar de pérdida cuando individuos, grupos, instituciones o sociedades enteras valoran de forma negativa el hecho de que se pierde algo relevante» (2024: 47-48 y 162). La «paradoja de la pérdida» en la modernidad occidental consiste en que esta refrena, por un lado, las pérdidas y promete su reducción, pero, por otro lado, las incrementa. Como quiera que sea, se trata siempre de «experiencias de pérdida» de algo que resulta esencial o al menos relevante en términos subjetivos o colectivos para la identidad individual o grupal, desde la vida de un ser cercano a un objeto preciado, pasando por el estatus social, el pasado, el control sobre la vida propia, las expectativas favorables de futuro (Reckwitz, 2024: 19 y 52) o, podríamos añadir, la añoranza por un mundo analógico (el pago en metálico, por ejemplo) en la era de la digitalización2. El populismo, según el sociólogo alemán, sería en última instancia un «emprendimiento político de la pérdida» (Reckwitz, 2024: 12 y 391). Su base social –quienes nutren sus filas de afiliados y votantes– la conforman individuos que se sienten víctimas de la desindustrialización, del «reemplazo» poblacional, de las políticas medioambientales, de la preferencia por los extranjeros, de la discriminación positiva en favor de las mujeres o de los núcleos urbanos frente al campo. Su promesa pasa por restituir condiciones antes reinantes.

A un nivel menor de abstracción, a continuación, argumentaré que una clave del éxito del populismo de derecha radica en su oferta de sincronización del subsistema político con el resto de subsistemas (cultural, económico y científico-técnico) en las «sociedades de alta velocidad» (Rosa y Scheurmann, 2009). La sensación de pérdida, al fin y al cabo, aumenta con la velocidad a la que se producen los cambios.

Aceleración y sociedades
de alta velocidad

La modernidad es una dinámica histórica que se manifiesta en una serie de procesos entrecruzados y simultáneos entre los que destacan la ruptura con la tradición, la secularización de los valores y el desmontaje paulatino y formal de las fronteras entre grupos sociales. Su despliegue ha venido acompañado de una nueva experiencia del tiempo. Con una cadencia inexorable, modas, productos, valores o prácticas establecidas devienen volubles y efímeros a una velocidad de vértigo. Consumimos fast food, vestimos fast fashion, no son pocos quienes practican el speed-dating o el date-stacking, escuchamos notas de audio y pódcast en nuestros dispositivos móviles a 1,5 de velocidad, y leemos en unos pocos minutos las noticias destacadas en la versión exprés de las ediciones digitales de prensa; todo ello mientras lidiamos con las servidumbres del multitasking. Comer, informarse, vestirse, mantener encuentros afectivos o sexuales, trabajar… da igual a qué dimensión o actividad dirijamos la mirada: hoy vivir y experimentar todo a un ritmo trepidante atraviesa nuestras vidas. «La modernidad es velocidad» (Eriksen, 2001: 159; énfasis en el original).

La aceleración de los ritmos temporales ha alterado los subsistemas económico, cultural y científico-técnico. Y en la política, cabe preguntarse: ¿cómo afecta la aceleración social a la democracia liberal? Las ciencias sociales han asumido que el ritmo de formación de la voluntad democrática y de la toma de decisiones estaban esencialmente sincronizados con el ritmo del cambio social. En la modernidad clásica la política disponía de un cierto margen de maniobra para activar los mecanismos deliberativos necesarios para adoptar decisiones vinculantes y, así, acompasarse al ritmo de cambio de la sociedad de una forma relativamente rápida, flexible y sensible a las necesidades sociales. En nuestros días, se generaliza entre la ciudadanía la sensación de que los políticos están lejos de ser los pilotos de naves que surcan con rumbo firme los mares en aras de un destino predeterminado, como quiso Platón con el filósofo-rey, y que, en su lugar, se limitan a surfear las olas según van rompiendo contra la playa. En esa percepción radica una clave explicativa de la crisis, regresión, degeneración o desconsolidación que atraviesa la democracia liberal (Foa y Mounk, 2016; Przeworski, 2019; Schäfer y Zürn, 2021; Calhoun, Gaonkar y Taylor, 2022; Stokes, 2025).

El subsistema político moderno se ve sometido a una creciente presión decisoria para acelerar el proceso de toma e implementación de decisiones. Al mismo tiempo, pierde el paso con los mercados, la cultura, la ciencia y la tecnología. En el capitalismo globalizado de redes sociales y transacciones mercantiles y financieras a golpe de clic, de viajes de una punta del globo a otra en tiempos cada vez más reducidos o de una inteligencia artificial cuyos horizontes y consecuencias están todavía por perfilar, la política hace frente a dificultades crecientes para configurar el todo social. Lo vertiginoso del cambio en esos subsistemas contrasta con la lentitud inherente a las tareas de deliberación, agregación, articulación e implementación de decisiones que están en la base de la política democrática que, por definición, resulta lenta e intensiva en tiempo. En la sociedad de la alta velocidad, la política pierde paulatinamente la cualidad de pautar las reglas del juego y de intervenir de forma proactiva en la configuración de la sociedad (Rosa, 2005; Rosa y Scheuerman, 2009). La política democrática «reacciona», pero cada vez menos «actúa» para configurar los contornos del todo social del mañana. Los tiempos se dilatan sobremanera desde que un actor social o político impulsa en la sociedad una reforma o iniciativa regulatoria hasta que, finalmente, pasa el filtro de las sedes resolutivas de la política y es puesta en marcha; eso sin considerar los tiempos necesarios para la identificación de problemas (por parte de movimientos sociales e iniciativas ciudadanas, por ejemplo), para el intercambio deliberativo (incluidos informes expertos) y, a posteriori, y dado el caso, la revisión judicial.

El nacionalpopulismo
y los atajos a la democracia representativa

El dilema al que se enfrentan las democracias liberales en la modernidad hiperacelerada se resume así: ¿cómo estrechar desde la política el cerco de la desincronización con los subsistemas económico, cultural y científico-técnico? El populismo de derecha ofrece una respuesta a este desafío y, sostengo, ahí radica una clave explicativa de su auge en las democracias liberales. Su propuesta para contrarrestar la desincronización pasa por acelerar la capacidad de respuesta en sociedades en las que hay una demanda creciente de instantaneidad por parte de la ciudadanía, que desde la revolución participativa de la década de los sesenta reclama cada vez más marcos regulatorios sobre temas cada vez más dispares (Bell, 1975). Este populismo preserva el elemento democrático del pueblo como único poder constituyente, al tiempo que, y de forma simultánea, socava los controles liberales –como la división de poderes– y sus mismos fundamentos posibilitantes, en particular la conversación pública, plural y abierta en los foros representativos y en la esfera pública.

Precisamente en este intento de sincronización radica una clave del éxito del nacionalpopulismo. Sus propuestas caminan en la dirección de ofrecer soluciones expeditivas, en general simples: el problema de la inmigración se solucionaría, sostienen, levantando muros o «externalizando» inmigrantes a países con estándares protectores de derechos más laxos o, incluso, forzando la «reemigración» de aquellos inmigrantes «no integrados»; el deterioro de la seguridad ciudadana se vería aliviado expulsando a los inmigrantes ilegales; el feminicidio y la violencia de género contra las mujeres son relativizados, cuando no negada su existencia (y lo que no existe no es un problema ni requiere recursos públicos para combatirla); en España, el desafío de los nacionalismos periféricos a la unidad estatal se arreglaría, según Vox, prohibiendo los partidos «secesionistas» vascos y catalanes; en EE. UU. el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, prometió durante su campaña electoral en 2024 resolver en veinticuatro horas la guerra en Ucrania.

Si el populismo de derecha disfruta de éxito es, en parte, a que su oferta de agilidad decisoria resuena en un sector de la ciudadanía. ¿O acaso estos partidos inciden en la urgencia porque ya hay una demanda de celeridad en el electorado, y con su oferta aceleradora rellenan un nicho de mercado de votos que está desatendido? Estudios demoscópicos transnacionales, como la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey, WVS), la Encuesta Europea de Valores (European Values Survey, EVS) y la Encuesta Social Europea (European Social Survey, ESS) revelan que cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas en el mundo y en Europa que aprueban que «haya un líder fuerte que no se tenga que preocupar del parlamento ni de las elecciones». Esta disposición autoritaria no está distribuida de forma homogénea entre el electorado. Los principales beneficiarios del apoyo de quienes privilegian la rapidez en la toma de decisiones a costa de menores controles a quienes gobiernan son los partidos nacionalpopulistas (Donovan, 2021). Así, ante la cuestión de si «tener un líder fuerte que no se tenga que preocupar de las elecciones» sería o no deseable para «dirigir este país», la oleada de la EVS de 2017-2018 (última disponible) revela que los votantes de partidos populistas de derecha destacaban de forma significativa en su aprobación sobre los del resto de partidos. El patrón se repite en países como Francia con el FN/RN, Alemania con AfD, Hungría con Fidesz y Holanda con el PVV (véanse tablas 1-4). En todos los casos, los votantes con tendencias autoritarias, medidas a partir de su respuesta a esa cuestión, se decantan de forma significativa por esa familia de partidos.

De todo el electorado, la juventud es el segmento de edad en el que más marcado está el desencantamiento y desapego hacia la democracia. Condicionadas por las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación, las estructuras temporales ligadas a esa fase vital emergen como un factor explicativo de su impaciencia y afinidad por las formaciones nacionalpopulistas. La WVS y EVS permiten concluir que el porcentaje de la juventud nacida en la década de los ochenta (los millennials) que considera «esencial […] vivir en un país gobernado de forma democrática» era de entre el 30 y 40 % en países con democracias consolidadas como Australia, Gran Bretaña, Holanda o Estados Unidos, en agudo contraste con el 70 % de media de apoyo entre los nacidos antes de la Segunda Guerra Mundial (Foa y Mounk, 2016: 6). Una causa explicativa de la desafección es el desencantamiento con las promesas de bienestar de la democracia. Las generaciones nacidas antes de la guerra, las mismas que experimentaron avances sustanciales en sus condiciones de vida y de trabajo de la mano de la democracia, muestran un apoyo sólido a esa forma de organización política. En cambio, un sector sustancial de las generaciones nacidas a partir de la década de los ochenta ha dejado de apreciar el vínculo entre progreso económico y bienestar, por un lado, y régimen de libertades y derechos auspiciado por la democracia, por otro lado. Para esta parte de la juventud, la política se muestra incapaz de mejorar su horizonte de futuro. En los últimos años, y en diferentes países, se repite el hecho de que partidos populistas de derecha son la primera opción entre el electorado comprendido entre los dieciocho y los veinticinco años. En esas promesas incumplidas de la democracia se encuentra una de las claves explicativas de su desafección y de su voto cada vez más polarizado. Al calor de nuevos movimientos sociales tras Mayo del 68, como el ecologismo, feminismo y pacifismo, en las sociedades occidentales tuvo lugar un tránsito de cadencia tectónica desde valores materialistas, como la seguridad material y física, a otros valores posmaterialistas centrados en la autorrealización personal, la participación y la libertad individual (Inglehart, 1977, 1990). El cambio generacional a partir de la década de los sesenta de las viejas generaciones crecidas en la estrechez material durante y tras las dos guerras mundiales por nuevas generaciones socializadas en el bienestar material provocó, según este diagnóstico, una «revolución silenciosa» en sus valores, que era también una revolución participativa. Ahora, desde el punto de vista de la falta de ilusión que despierta la democracia entre un sector considerable de la juventud, estaríamos asistiendo a otra revolución silenciosa, solo que de sentido contrario. Para dichos jóvenes, ya no se trata tanto de mejorar la calidad y profundidad de la participación ciudadana, sino de hacer concesiones y dejar en manos de un líder fuerte la toma de decisiones.

Ante el reto de la aceleración y la desincronización, las democracias liberales han dado con fórmulas para la adopción de decisiones más expeditivas que las que pasan por los foros deliberativos. Estas fórmulas comparten un desplazamiento de los mecanismos decisorios hacia instancias distintas de las contempladas en el marco clásico liberal de división de poderes. Mientras el liberalismo se aferró a la doctrina del laissez faire y limitó el papel estatal en la vida económica y social, el desafío de la desincronización permaneció bajo un control relativo. Con el surgimiento y despliegue desde finales del siglo xix del estado de bienestar, y sobre todo con su expansión tras la Segunda Guerra Mundial, los problemas se han hecho más apremiantes. Cada vez más materias son objeto de cada vez más demandas de solución por parte de públicos cada vez más fragmentados.

El sociólogo que más se ha ocupado de la aceleración como vector de la modernidad, Hartmut Rosa, identifica tres respuestas al desafío de la sincronización de la política (2005: 415). La primera consiste en transferir la adopción de decisiones controvertidas a los tribunales; es la conocida judicialización de la política. Otra respuesta es confiar en la capacidad de autorregulación de la economía y los mercados; ahí es donde encaja la desregulación neoliberal, cuyas propuestas de Estado mínimo entrañan una «ideología del vaciamiento de la política», ofreciendo la «desburocratización» y la «desregulación» estatales como ruta para la aceleración en la toma de decisiones. La tercera respuesta pasa por transferir al individuo la responsabilidad de sus propias decisiones; en eso consiste la privatización de la ética, es decir, que sea el individuo quien, dentro del marco general ofrecido por el Estado, decida en última instancia sobre cuestiones morales. Estas tres opciones que distingue Rosa se limitan al marco de actuación nacional. Además, y en la medida en que quienes toman las decisiones no han sido elegidos por la ciudadanía, en el plano internacional se dirimen decisiones negociadas por grupos de expertos y grupos de interés a partir de procedimientos deficitarios en términos de legitimación democrática. La Unión Europea es el ejemplo paradigmático de esta solución tecnocrática.

Otra respuesta aceleradora adicional, todavía incipiente, pero que a buen seguro reconfigurará en un futuro cercano el modo de adopción e implementación de decisiones en una dirección todavía incierta, guarda relación con la inteligencia artificial, los algoritmos y el big data. En el sistema judicial ya se emplean «puntuaciones de riesgo» (risk scores) para tomar decisiones sobre libertad bajo fianza, dictar sentencias o decretar la libertad condicional; las «políticas predictivas» (predictive policing) ayudan a dirigir recursos policiales a zonas geográficas determinadas o hacia personas consideradas «de riesgo», bien como perpetradores o como víctimas; algoritmos similares se utilizan con niños en riesgo de abuso o con personas en riesgo de suicidio; o, por poner un último ejemplo, el big data ayuda a detectar delitos como la corrupción y la evasión fiscal. Como quiera que sea, esta modalidad de gobernanza que es el «gobierno algorítmico» (Brubaker, 2023) requiere de una cantidad ingente de datos, de sistemas de vigilancia ubicuos, de sofisticados algoritmos y (aquí está el salto cualitativo más reciente y revolucionario) de la inteligencia generativa para crearlos y, habida cuenta de sus sesgos de clase, edad, género o raciales, también para perfeccionarlos. Se trata de una vía preñada de desafíos para la democracia tal y como la hemos conocido hasta ahora. A diferencia del sistema judicial, de las agencias estatales o de los paneles de expertos que hacen públicas sus recomendaciones con (relativa) transparencia, los algoritmos son difíciles de controlar por medios democráticos. Son invisibles, opacos, operan de forma «granular», esto es, vinculados a aspectos específicos, y su supervisión requiere de un dominio experto para criticar y desvelar su lógica y sus mecanismos de funcionamiento (Brubaker, 2023: 143-153). La «democracia algorítmica» (García Marzá y Calvo, 2022; Wagner, 2023) obvia el factor humano y sustituye los procesos de deliberación y de toma de decisiones por herramientas de inteligencia artificial en manos expertas. Una de sus consecuencias sería la aceleración en la toma de decisiones. Nos referimos a las democracias liberales, porque en algunos sistemas autoritarios, como ilustra el caso de China con la colonización algorítmica de la sociedad, esta forma de adopción de decisiones ha dejado de ser un proyecto de futuro para formar parte del presente.

Ninguna de estas cinco respuestas a la desincronización política (judicialización, desregulación económica, privatización moral, transferencia reglamentadora a instancias supranacionales y gobierno algorítmico) guarda una relación necesaria con el nacionalpopulismo. Responden a dinámicas sociales, políticas y económicas de la hipermodernidad y, en esa medida, no están ligadas a corriente ideológica alguna. En cambio, hay otras dos fórmulas para acortar los tiempos de decisión en democracia que sí están vinculadas al populismo de derecha. Ambas cobran sentido en el marco de una enseñanza de la experiencia de los sistemas democráticos que el politólogo Larry M. Bartels ha condensado así: «a la ciudadanía le preocupan mucho más los resultados que los procedimientos» (2023: 220). Cuando entre la población se impone la percepción de que los problemas se enquistan porque hay «demasiados» controles, actores que bloquean su resolución y procedimientos administrativos y políticos que exigen alcanzar compromisos, una parte del demos se puede mostrar dispuesta a acortarlos o a neutralizarlos si así se satisfacen sus expectativas. En estas tesituras la ciudadanía opta por priorizar el output antes que las exigencias normativas del input.

La primera fórmula ligada al populismo de derecha para atajar las demoras y acelerar los tiempos decisorios guarda relación con el protagonismo creciente que adquiere el poder ejecutivo, allí donde gobierna, en detrimento del legislativo a la hora de promulgar marcos normativos. Es la vía del decreto-ley o de los decretos presidenciales. La segunda fórmula apunta a la promesa de implementación de mecanismos de democracia directa. Esta última supone un specificum del nacionalpopulismo.

El ejecutivo y sus «prerrogativas»

Impulsado por la globalización y los procesos de construcción transnacionales como el europeo, y reforzado por la necesidad imperiosa de abordar crisis recientes como la económica y financiera, la migratoria o la desencadenada por la pandemia del coronavirus, el equilibrio de poderes clásico ha sufrido notables alteraciones. La «desnacionalización» de la política (Zürn, 1998) ha tenido como principal beneficiario al poder ejecutivo, redefiniendo así el esquema clásico de la división y equilibrio de poderes. En realidad, no se trata de una dinámica inducida por el populismo de derecha cuando alcanza el poder, sino de un recurso a disposición de los gobiernos con independencia de su orientación ideológica. En la teoría liberal clásica, el poder judicial, con su vinculación con una forma retrospectiva de adopción de decisiones, está orientado al pasado. Mediante la promulgación de marcos normativos, el poder legislativo es prospectivo: aspira a moldear, anticipar y orientar el futuro transformando en una voz única la (legítima) cacofonía de demandas de acción estatal en la sociedad. En último lugar, al adoptar decisiones expeditivas como forma de respuesta a crisis y acontecimientos imprevistos que no ofrecen tiempo material para una deliberación y supervisión legislativa según cauces ordinarios, el espacio temporal del poder ejecutivo es el presente. Si convenimos que una sociedad de alta velocidad tiende a favorecer instituciones políticas también de alta velocidad (Scheuerman, 2004: 26), entonces el poder ejecutivo resulta el principal beneficiario de la dinámica aceleradora. En una tesitura «presentista» (Hartog, 2012), entonces, el ejecutivo es el órgano mejor posicionado para dominar el escenario de las democracias liberales, también el más susceptible de encabezar la deriva autoritaria.

Al presentarse e imponerse como el poder mejor equipado para atender a los imperativos de la velocidad, las democracias liberales asisten a un protagonismo creciente del ejecutivo. El sentido de urgencia es el principio motor de su preminencia, y ello con independencia de la orientación del gobierno en cuestión. En España la aprobación de decretos-ley por parte del ejecutivo fue una práctica habitual de los gobiernos conservadores de José María Aznar (sobre todo en su primera legislatura, entre 1996 y 2000) y de Mariano Rajoy (también particularmente en su primera legislatura, entre 2011 y 2016), así como del socialista Pedro Sánchez (que batió todos los récords en democracia durante su segundo mandato entre 2019 y 2023, en gran medida debido a la pandemia del coronavirus). El nacionalpopulismo no es ajeno a esta tendencia. Italia, bajo el gobierno encabezado por Giorgia Meloni, ofrece un ejemplo ilustrativo al respecto de la intensificación de esta dinámica. Según la fundación Openpolis, y pese a disfrutar de mayoría parlamentaria, hasta 2023 su gobierno de coalición había batido récords en el uso del decreto-ley3. En EE. UU., el mismo día de su toma de posesión como presidente el 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó un total de veintiséis órdenes ejecutivas en temas como migración, salud o agenda verde, más que cualquier predecesor suyo en la historia.

En la modernidad tardía un instrumento discrecional como el decreto-ley, que en los órdenes liberales está reservado para casos de necesidad y urgencia, se revela como un procedimiento rutinario. El resultado final es un acortamiento de los plazos reguladores a costa de pérdida de capacidad deliberativa, vale decir, de riqueza parlamentaria, con los costes consiguientes en términos de calidad democrática.

Con sus «líderes fuertes» (en general varones, pero no necesariamente: véanse los casos de Giorgia Meloni y de Marine Le Pen), el populismo de derecha puede ser interpretado como una propuesta para reducir los tiempos de la toma de decisiones. En sociedades complejas en las que reina un pluralismo de valores y que exigen de procelosos esfuerzos de conciliación para alcanzar compromisos y así canalizar el conflicto social, la solución nacionalpopulista se antoja como una salida a la presión decisoria que, de forma legítima, ejerce la sociedad. Si la «democracia corre el riesgo de sucumbir al empuje de la velocidad», como sostiene Rosa (2005: 454), entonces la oferta decisionista del populismo de derecha representa un intento de sincronización de la política al cambio social acelerado propio del capitalismo global.

Una democracia referendaria

La democracia representativa, ya hemos insistido en ello, es un procedimiento lento de adopción de decisiones. Un mínimo común denominador del nacionalpopulismo (o, para el caso, del populismo) es que el pueblo se exprese de forma directa, sin mediación de los partidos (Casquete, 2023a). Su punto de partida es el axioma de que «hay que dejar al pueblo decidir», sacudiéndose de paso el yugo de las élites. La suya es una propuesta de democracia inmediata que aboga por una articulación de la voluntad popular sin los filtros ni la tutela de órganos intermedios como forma suprema de dar la voz al pueblo, de alcanzar la «voluntad general» y, de paso, de servir de freno al ímpetu globalista que «priva» al pueblo de su soberanía.

Con este telón de fondo, las formaciones de ese espacio ideológico abogan por la implementación de mecanismos de democracia directa en forma de referéndums e iniciativas legislativas populares para acceder a la «auténtica» voluntad del pueblo. La confianza en el pueblo tiene su contraparte en la desconfianza de los partidos políticos y las instituciones contramayoritarias o tutelares, como los tribunales constitucionales y los bancos centrales que, en las democracias liberales, sirven de contrapeso a la voluntad popular. Desde la óptica nacionalpopulista, la democracia representativa y los partidos cortocircuitan la voluntad popular. Su modelo ideal concede un papel central a la democracia referendaria.

Una sombra de sospecha se extiende sobre el populismo de derecha y su lealtad al proyecto democrático liberal que tiene como pivotes el reconocimiento y salvaguarda de los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión y reunión, la división de poderes y la soberanía popular. En la medida en que respetan formalmente los mecanismos para alcanzar el poder en la democracia representativa, que pasan por la victoria en las urnas o por el acceso al gobierno en coalición con otras formaciones, no cabe calificar a estos partidos de antidemócratas; si acaso, de partidos antiinstitucionales. El nacionalpopulismo desconfía del modelo de democracia que concede autonomía a los partidos políticos y a sus representantes, al mismo tiempo que aboga por conceder un mayor protagonismo al único poder constituyente: el pueblo. Se trata de planteamientos que, por sí solos, no ponen en cuestión la voluntad popular, pero sí su forma de articularla. Salvo en el caso de que se trate de referéndums vinculantes, por lo general excepcionales en los órdenes constitucionales occidentales, la democracia representativa no ofrece la posibilidad de alcanzar decisiones colectivas que vengan sancionadas por el cuerpo electoral.

La revolución participativa
del nacionalpopulismo

Una cuestión clave de la teoría política tiene que ver con el mejor modo de adoptar decisiones colectivas que resulten vinculantes para la comunidad. Es el viejo problema fundacional de «decidir cómo decidir» que hace de la democracia un sistema político en un proceso permanentemente abierto de aprendizaje y mejora.

La democracia directa ofrece una respuesta a la cuestión decisoria. Se trata de una forma de gobierno en la cual la constitución de la comunidad política y las decisiones políticas relevantes son adoptadas por principio y directamente (sin mediaciones, sin representación) por los individuos con derecho a sufragio en un Estado, región o municipio. La democracia directa pivota sobre el voto ciudadano a propuestas específicas, no a candidaturas de personas como en la democracia representativa. Abre el sistema a la ciudadanía, al tiempo que, al vincular sus decisiones con la voluntad de la mayoría expresada en las urnas, reduce la autonomía del estado frente a la sociedad.

Uno de los mecanismos de la democracia directa es el referéndum. En este caso la ciudadanía se pronuncia sobre cuestiones relevantes para la comunidad. En términos de celeridad, el referéndum como mecanismo decisorio viene a ocupar una posición intermedia entre, en un extremo, la voluntad dictada por un dictador o filósofo-rey omnipotente y omnisciente y, en el otro extremo, un modo decisorio basado en un procedimiento deliberativo con la unanimidad como horizonte. El referéndum es un mecanismo decisorio más expeditivo que la regla de la mayoría en democracia, que viene precedida por una dilatada conversación pública. Además del referéndum, y entramos ahora en el segundo mecanismo de la democracia directa, la iniciativa legislativa popular posibilita que la ciudadanía coloque sus demandas en la agenda política. Estos dos instrumentos –el referéndum y la iniciativa popular– siguen lógicas diferentes, y producen efectos asimismo distintos. El referéndum interviene al final del proceso decisorio. No capacita a la ciudadanía para aprobar leyes, sino que cumple una función de veto, permitiendo a una mayoría de la población (o de los cantones en el caso de Suiza, modelo en el que se contempla el populismo de derechas) bloquear la política propuesta por las autoridades. La iniciativa popular, por su parte, interviene al principio del proceso político. Es gracias al impulso ciudadano que una propuesta legislativa acaba sometida a votación.

El referéndum es una opción preñada de riesgos. El planteamiento dicotómico del referéndum («sí» o «no») soslaya un abanico de soluciones intermedias a las que es posible acceder mediante modos de comunicación política basados en la deliberación y la negociación. El referéndum privilegia las pasiones sobre la consideración racional de intereses, que por definición, es una actividad orientada a la persuasión mediante el intercambio argumentativo. Otro peligro es que la inmersión en una dinámica referendaria derive en una cadena inacabable de consultas, sometiendo una y otra vez a votación el tema en cuestión hasta que el resultado sea el «correcto». Mientras que la regla de la mayoría incorpora un elemento de periodicidad (las elecciones conllevan por definición un gobierno pro tempore; Linz, 1998), los referendos se presentan como soluciones «finales». Las minorías no tienen la certeza de contar con otra oportunidad para ganar en las urnas.

La corriente de pensamiento conocida como nouvelle droite («nueva derecha») ha nutrido el entusiasmo participativo del nacionalpopulismo. Intelectuales de ese espectro han propuesto la democracia directa como mecanismo rutinario de la dinámica decisoria. Merece citar por extenso a su teórico más influyente, el francés Alain de Benoist. En un manifiesto en coautoría con Charles Champetier, De Benoist proponía enriquecer la democracia de partidos con la democracia directa en un amalgamiento destinado a elevar el protagonismo del pueblo:

Renovar con el espíritu democrático implica no conformarse con la mera democracia representativa, sino buscar poner en práctica a todos los niveles una verdadera democracia participativa («lo que afecta a todos debe ser cuestión de todos»). Se trata de desestatizar la política recreando espacios ciudadanos de base: cada ciudadano debe ser actor del interés general, cada bien común debe ser diseñado y defendido como tal desde la perspectiva de un orden político concreto. El cliente consumidor, el espectador pasivo y el titular de derechos privado no serán trascendidos sino por una forma radicalmente descentralizada de democracia de base que otorgue a cada uno un papel en la elección y el dominio de su destino. El procedimiento del referéndum podría ser asimismo reactivado por la iniciativa popular (1999: 21).

Las reflexiones de los soberanistas franceses de la nueva derecha encuentran concreción en las propuestas programáticas de los partidos populistas de derecha. Sirva a modo de ilustración de la centralidad programática que ese mecanismo decisorio expeditivo adquiere en sus filas que uno de los grupos políticos del Parlamento Europeo en su octava legislatura se denominó Alianza por la Democracia Directa en Europa (2014-2017), refundado como Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (2017-2019). A lo largo de su existencia, el grupo incluyó al Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), la AfD o el Movimiento Cinco Estrellas italiano.

Referéndums, ¿para decidir qué?

A partir de mediados del siglo xix, y de la mano del movimiento obrero, la justicia social y la redistribución de la riqueza se revelaron como el eje de conflicto prevalente en Europa occidental. Ya no es el caso. A la divisoria entre izquierda y derecha se han ido progresivamente añadiendo otras «arenas de desigualdad» que han opacado el conflicto articulador de la modernidad clásica hasta desbancarlo de su anterior posición dominante. Los sociólogos Steffen Mau, Thomas Lux y Linus Westheuser (2023) han identificado cuatro de dichas arenas: 1) el conflicto clásico al hilo de cuestiones de redistribución, lo que denominan «desigualdades entre arriba y abajo»; 2) las controversias sobre migración, acceso e integración en un territorio, las «desigualdades entre dentro y fuera»; 3) los conflictos identitarios y de reconocimiento, las «desigualdades entre nosotros y ellos», capítulo en el que Mau y colaboradores aíslan el género y al que, desde el contexto español, cabría incorporar las identidades nacionales vehiculadas por los soberanismos periféricos, y 4) los conflictos sobre cuestiones medioambientales, las «desigualdades entre hoy y mañana».

Desde la década de los noventa, el eje de conflicto clásico entre izquierda y derecha, el eje arriba-debajo, ha perdido progresivamente peso en favor de cuestiones socioculturales e identitarias. Es lo que se conoce como la polarización entre los ejes GAL (acrónimo en inglés de verde-alternativo-libertario) y TAN (tradición, autoritarismo, nacionalismo). No hay pauta coherente a la hora de orientarse en el panorama nacionalpopulista sobre cuestiones de justicia social, las mismas que han capitalizado la lucha política en el marco del despliegue (o contención) del estado de bienestar. Hay partidos populistas de derecha que hacen bandera de medidas redistributivas, como el RN en Francia y su «chovinismo del bienestar» que apuntale un estado de bienestar fuerte para los «franceses». La disparidad programática en materia de economía entre estos partidos es tal que resulta difícil encontrar un mínimo común denominador entre ellos (Greilinger y Mudde, 2024). En cambio, la derecha populista aborda con determinación y de manera más convergente los otros tres ejes de conflicto que distinguen Mau y sus colaboradores, esto es, la migración (incluyendo la seguridad y el orden público), el género y el medio ambiente. Son «puntos de activación» en las «nuevas» sociedades posindustriales, es decir, «puntos neurálgicos que activan conflictos especialmente sobrecargados» (Mau, Lux y Westheuser, 2023: 27).

Precisamente, alrededor de estas tres arenas se articulan las propuestas programáticas del nacionalpopulismo y sus ofertas de consultas a la ciudadanía. Francia ilustra la centralidad de la democracia directa en ese espacio político. Desde mediados de la década de 1980 el FN convirtió en una de sus señas de identidad, en palabras de su fundador Jean-Marie Le Pen, la idea de «dar la palabra al pueblo» y lograr un «ensanchamiento de la democracia» (Rosanvallon, 2020: 40). Pese al giro «desdiabolizador» desde que asumió la dirección del partido en 2011, en lo que respecta a la democracia directa, su hija le ha permanecido fiel. En un libro suyo publicado en el marco de las elecciones presidenciales de 2012, las primeras a las que concurría como candidata, Marine Le Pen propuso la celebración de referéndums, en particular cuando se dirimiesen cuestiones relativas a la soberanía, la identidad, la educación y los servicios públicos. Abogaba asimismo por convocar referéndums para «hacer caer las torres de marfil en las que se encuentran recluidos nuestros dirigentes» (2012: 180). En la siguiente cita presidencial, en 2017, Le Pen hija concurrió con un programa que reivindicaba la «proximidad democrática», esto es, que «las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de los ciudadanos y estén directamente controladas por ellos». La propuesta se sustanciaba, por ejemplo, en la implementación de un «verdadero referéndum de iniciativa popular», empezando por uno que sometiese a votación la pertenencia de Francia a la Unión Europea4. Especificando y desarrollando su propuesta anterior de «proximidad democrática», dos de las veintidós medidas que recogía su programa presidencial en 2022 guardaban una estrecha relación con la democracia directa. La medida que abría el programa abogaba por «detener la inmigración incontrolada» mediante un referéndum; otra proponía «instaurar el referéndum de iniciativa ciudadana»5. Le Pen hija adelantó que, en caso de alcanzar la presidencia, contemplaba convocar un «gran referéndum por año»6.

Un estudio poselectoral tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 mostró la relevancia que el electorado del FN/RN concede al modelo plebiscitario. El grado de aprobación de lo que en el estudio se denomina la «expectativa democrática» vinculada a la democracia directa era uno de los parámetros que distinguían con mayor claridad al electorado de Marine Le Pen (68 % de aprobación) de los del resto de candidatos, salvo el del socialpopulista Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise, que exhibía un apoyo ligeramente inferior (66 %). La democracia directa viene operacionalizada a partir de tres proposiciones ante las que los investigadores invitan a pronunciarse a los entrevistados: 1) «El pueblo, y no los responsables políticos, tienen que tomar las decisiones políticas más importantes»; 2) «Las diferencias políticas entre los ciudadanos normales y las élites son mayores que las diferencias entre ciudadanos», y 3) «Prefiero ser representado/a por un ciudadano normal antes que por un político profesional» (Rouban, 2022: 19 y 131).

La AfD también hace bandera de la democracia directa. En su primera comparecencia a unas elecciones al Bundestag, en 2013, inmediatamente después de su fundación, la AfD hizo campaña para la celebración de un referéndum para la salida del euro. El capítulo que abría su Programa para Alemania (2016) lleva por título «Plebiscitos según el modelo suizo». En un enmarcado populista que contrapone al pueblo con la élite, según la AfD la experiencia del país helvético parte de la premisa de que «los ciudadanos se comportan de una forma más orientada al bien público que los políticos profesionales». Su adopción no constituye para la AfD materia de negociación en hipotéticas coaliciones, en el improbable (hoy por hoy, mientras resista el «cortafuegos») caso de que algún otro partido se muestre dispuesto a colaborar con ellos7. Por completar este recorrido, el FPÖ austriaco también aboga por impulsar la democracia directa: «Es necesario ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de decidir según el modelo suizo sobre las opciones estratégicas de futuro más allá de las inercias del establishment político». Es «el mejor camino para recuperar la confianza de la gente y para hacer avanzar medidas que son bloqueadas por las elites autodesignadas»8.

En España, entonces, ¿cuál es el posicionamiento de Vox sobre la democracia directa? Sus partidos homólogos hace tiempo que hicieron suya la propuesta de la democracia directa y la incorporaron a sus programas, pero hasta muy recientemente, la versión española del nacionalpopulismo ha sido una rareza en el panorama europeo a este respecto. Se antoja una razón explicativa del silencio. Desde la restauración democrática, la fórmula decisoria del referéndum ha sido reivindicada de forma insistente por los nacionalismos periféricos vasco y catalán. Si Vox hubiese vindicado la democracia directa, ello hubiese supuesto un arma de doble filo que podría dar alas a las demandas independentistas de autodeterminación en nombre de los demos vasco y catalán. Así y todo, y cuando aún no contaba en sus programas con ninguna propuesta sobre la democracia directa, Vox se ocupó de establecer sus límites: su hombre fuerte defendió que ni siquiera un referéndum a nivel nacional podría poner en cuestión la unidad nacional (Abascal, 2015: 144-145). La anomalía de Vox dejó de ser tal en 2022. Coincidiendo con la celebración en Madrid del acto Viva 22. La historia que hicimos juntos, Vox presentó su manifiesto España decide. El documento era, en realidad, una particular lectura de las contribuciones de España a la historia universal y estaba llamado a ser su nueva guía política (Casquete, 2023b). Esto supuso la puesta al día del partido soberanista español respecto a la democracia referendaria. Con este giro se trataba de «recuperar nuestra democracia de mano de la partitocracia […] que ha traicionado al pueblo y también al parlamentarismo». Aunque en su documento no se emplea el término «referéndum», no a otra cosa se refieren sus redactores al exigir consultas a la ciudadanía apelando al artículo 92 de la Constitución, que contempla la posibilidad de celebrar referéndums consultivos (la Constitución española no admite que sean vinculantes) sobre políticas públicas de especial trascendencia. Las cuestiones que Vox aspira a someter a votación son la inmigración, la educación, las leyes de violencia de género, la ilegalización de partidos independentistas, el tratamiento y almacenaje de datos personales fuera de España por parte de los gigantes tecnológicos, un plan nacional del agua, el modelo energético o la subvención a partidos políticos (en cuyo marco afirman que «el cambio real pasa por acabar con la fiesta de los poderosos»), sindicatos o patronales. Al final, sostienen, se trata de que España decida y recupere su soberanía9.

Conclusiones

Las crisis económica, migratoria y sanitaria de las dos últimas décadas han catapultado al populismo de derecha. De su mano, la democracia liberal tal y como la hemos conocido está impelida a repensarse, redefinirse y mostrar su resiliencia. Para dar cuenta del auge de esta familia de partidos he adoptado una perspectiva sociológica y politológica. El «tiro largo» de la modernidad ha traído consigo una aceleración de los ritmos temporales en la sociedad, la economía y la cultura, dejando rezagada a la política. La democracia es lenta y procelosa por definición y muestra problemas de sincronización con el resto de subsistemas en su búsqueda de respuestas a los problemas e inquietudes de la ciudadanía. Los partidos populistas de derecha ofrecen una respuesta a la sincronización. Afrontan la presión decisoria acelerando los tiempos decisorios y de implementación. El referéndum es un mecanismo que sirve este propósito y que es defendido en exclusiva por esta familia de partidos. Al adaptar sus métodos y toma de decisiones a la tiranía de lo inmediato, el populismo de derecha corre el riesgo de sacrificar los valores constitutivos de los sistemas democráticos liberales, esto es, la igualdad moral de los individuos, los derechos de las minorías y la separación de poderes.

Bibliografía

Abascal, Santiago (2015). Hay un camino a la derecha. Una conversación con Kiko Méndez-Monasterio. Barcelona: Stella Maris.

Bartels, Larry M. (2023). Democracy Erodes from the Top. Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe. Princeton y Oxford: Princeton University Press.

Bell, Daniel (1975). «The Revolution of Rising Entitlements». Fortune, 91: 98-163.

Benoist, Alain de y Champetier, Charles (1999). «La Nouvelle Droite de l’an 2000». Elements, 94: 10-23.

Brubaker, Rogers (2023). Hyperconnectivity and its Discontents. Cambridge: Polity Press.

Calhoun, Craig; Gaonkar, Dilip P. y Taylor, Charles (2022). Degenerations of Democracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Casquete, Jesús (2023a). «Vox y la democracia liberal: una genealogía intelectual de la crítica nacionalpopulista a los partidos políticos». Revista Española de Ciencia Política, 63: 13-37.

Casquete, Jesús (ed.) (2023b). Vox frente a la historia. Madrid: Akal.

Danieli, Oren; Gidron, Noam; Kikuchi, Shinnosuke y Levy, Ro’ee (2022). «Decomposing the Rise of the Populist Radical Right». The Pinhas Sapir Center for Development, Discussion Paper No. 10-2022. Tel Aviv University.

Donovan, Todd (2021). «Right Populist Parties and Support for Strong Leaders». Party Politics, 27(5): 858-869.

Eriksen, Thomas H. (2001). Tyranny of the Moment. London: Pluto.

Foa, Roberto S. y Mounk, Yascha (2016). «The Danger of Deconsolidation». Journal of Democracy, 27(3): 5-17.

García Marzá, Domingo y Calvo, Patricia (2022). «Democracia algorítmica: ¿un nuevo cambio estructural de la opinión pública?». Isegoría, 67: 1-15.

Greilinger, Gabriela y Mudde, Cas (2024). «Talking Left, Voting Right: An Assessment of Far-right Voting on Socio-economic issues in the European Parliament». ETUI Policy Brief, 2024.05.

Hartog, François (2012). Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil.

Inglehart, Ronald (1977). The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton: Princeton University Press.

Le Pen, Marine (2012). Pour que vive la France. Paris: Février.

Linz, Juan J. (1998). «Democracy’s Time Constraints». International Political Science Review, 19(1): 19-37.

Margalit, Avishai (2010). On Compromise and Rotten Compromises. Princeton: Princeton University Press.

Mau, Steffen; Lux, Thomas y Westheuser, Linus (2023). Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp.

Meyer, Thomas M. y Wagner, Markus (2020). The Rise of Populism in Modern Democracies. En: Rohrschneider, Robert y Thomassen, Jacques (eds.). The Oxford Handbook of Political Representation in Liberal Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2019). Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam (2019). Crises of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Reckwitz, Andreas (2024). Verlust. Ein Grundproblem der Moderne. Berlin: Suhrkamp.

Rosa, Hartmut (2005). Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Rosa, Hartmut y Scheuerman, William E. (eds.) (2009). High-Speed Society. Social Acceleration, Power, and Modernity. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Rosanvallon, Pierre (2020). El siglo del populismo. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Rouban, Luc (2022). La vraie victoire du RN. Paris: SciencesPo.

Schäfer, Armin y Zürn, Michael (2021). Die demokratische Regression. Berlin: Suhrkamp.

Scheuerman, William E. (2004). Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time. Baltimore y London: The John Hopkins University Press.

Stokes, Susan C. (2025). The Backsliders. Why Leaders Undermine Their Own Democracies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Taguieff, Pierre-André (2012). Le nouveau national-populisme. Paris: CNRS.

Wagner, Astrid (2023). «Deliberación, polarización y posverdad. Repensar la responsabilidad en la sociedad digital». Quaderns de Filosofia, 10(2): 51-67.

Zürn, Michael (1998). Regieren jenseits des Natioanlstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance. Fránfort: Suhrkamp.

---

1. 1 Este trabajo se centra en el populismo, en particular en su variante nacionalpopulista, en las democracias liberales contemporáneas. No se fija ni en sus antecedentes históricos más reseñables, como los naródniki rusos ni el People’s Party nortemericano, ni tampoco en el populismo en otras latitudes, en particular en Latinoamérica.

2. 2 En su programa para las elecciones al Bundestag de febrero de 2025, la AfD recogía: «Exigimos el derecho a una vida analógica, no vigilada y libre» («Zeit für Deutschland. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag») (2025: 68).

3. 3 «Con il governo Meloni sempre più decreti e meno leggi ordinarie», 20 de septiembre de 2023. Disponible en: https://www.openpolis.it/con-il-governo-meloni-sempre-piu-decreti-e-meno-leggi-ordinarie/

4. 4 «144 engagements présidentiels. Marine 2017», prefacio y medida n.º 1.

5. 5 «M La France. 22 mesures pour 2022», medidas n.º ١ y ١١.

6. 6 Marc Bassets: «Marine Le Pen: “Si Rusia gana la guerra, es catastrófico; si gana Ucrania, se habrá desatado la III Guerra Mundial”». El País, 13 de abril de 2023.

7. 7 Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland, Stuttgart, 2016: 16-17.

8. 8 Véanse: «Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)», Graz, 18 de junio de 2011: 7; Handbuch freiheitlicher Politik. Ein Leitfaden für Führungsfunktionäre und Mandatsträger der Freiheitlichen Partei Österreichts (4.ª ed.), Viena, FPÖ-Bildungsinstitut, 2013: 89-94, 178; cita en p. 90; «Festung Österreich, Festung der Freiheit. Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2024», p. 6.

9. 9 «España decide», disponible en: https://www.voxespana.es/noticias/espana-decide-20221009; «¿Qué es España decide? Más y mejor democracia», disponible en: https://www.voxespana.es/actualidad/santiago-abascal-el-viva-22-que-es-espana-decide-mas-y-mejor-democracia-20221009; Intervención de Abascal en «Viva 22. La historia que hicimos juntos», disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tdoWPfwEoAo&t=22s, en especial a partir del 12’30”; «Vox. Un programa para lo que importa. Programa electoral para las elecciones generales del 23J de 2023», véanse pp. 10-11, 16, 32, 80, 83, 100, 109 y 120.